La Fiscalía archiva la investigación por las comisiones del AVE a La Meca
El fiscal no detecta indicios de que empresarios españoles pagaran por la adjudicación
La Fiscalía Anticorrupción ha cerrado finalmente las diligencias abiertas hace tres años y medio sobre el pago de unas posibles comisiones por parte de empresarios españoles para la adjudicación del AVE a La Meca.
En el decreto de archivo, el fiscal confirma que de la investigación iniciada en diciembre del 2018 no se ha podido constatar indicios para presentar una querella en la Audiencia Nacional por un delito de corrupción en las transacciones internacionales.
“Se puede concluir, por tanto, que los elementos de que se disponen tras esta investigación, son claramente insuficientes, sin univocidad incriminatoria, carentes de la necesaria conexión entre sí, en parte contradictorios y que, por lo tanto, no permiten construir, siquiera sea provisionalmente, una tesis inculpatoria que descarte otras alternativas igualmente lógicas a dicha tesis”, recoge el escrito.
En este asunto estaba como sospechoso el rey emérito Juan Carlos I. Sin embargo, la parte que le afectaba a él, el presunto pago de 65 millones de euros por parte del rey saudí a cambio de intermediar en la adjudicación, fue remitida a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ya lo archivó por falta de indicios.
Unos meses después, Anticorrupción hace lo mismo con la otra parte que afectaba a los empresarios españoles que habrían favorecido aquella comisión. El fiscal ha investigado si por parte de las compañías españolas, integrantes del consorcio adjudicatario de las obras del AVE a La Meca, se había realizado algún pago o compensación a funcionarios o autoridades del Reino de Arabia Saudita que hubiera facilitado la adjudicación de las obras.
Esta asunto se inició en la Audiencia Nacional a raíz del hallazgo de una conversación entre la examante del monarca, Corinna Larsen, con el excomisario José Manuel Villarejo. En
Anticorrupción concluye que los indicios con los que se cuenta son “claramente insuficientes”
aquella conversación, Larsen aseguraba haber actuado como testaferro para ocultar los 65 millones de euros que habría recibido Juan Carlos I.
Sin embargo, el juez no pudo continuar con aquella investigación porque se necesitaba una querella previa de la Fiscalía. Por eso, Anticorrupción inició su propia investigación, que no ha dado sus frutos. Ya entonces advertía que los indicios de una posible participación del rey emérito eran “extremadamente débiles”.c