La propuesta de Igualdad sobre el aborto provoca una nueva brecha en el Gobierno
El IVA cero a las compresas y tampones y las bajas por dolor menstrual, en el aire
El borrador de la reforma de la ley del aborto del 2010, elaborado por el Ministerio de Igualdad, en manos de Irene Montero (Podemos), ha levantado ampollas en la fracción socialista del Gobierno. Sobre todo, porque algunas de las reformas propuestas, como eliminar el IVA de compresas y tampones, un permiso para las embarazadas en el último mes de gestación o algunos de los aspectos referidos a la gestación subrogada (vientres de alquiler), no habían sido debatidos, al menos no lo suficiente, con los ministerios de Hacienda, Seguridad
Social o Justicia, por ejemplo.
Ahora, todos los ministerios afectados trabajan contra reloj para conseguir un texto que cuente con el beneplácito de todos antes de que el martes llegue al Consejo de Ministros (si es que llega). Y eso, indican fuentes gubernamentales, implicará que algunas de las medidas propuestas por Montero desaparezcan del texto que se ha filtrado. Un nuevo elemento de fricción entre los socios del Gobierno, el enésimo en lo que llevamos de legislatura.
El anteproyecto consensuado entre Igualdad y Sanidad establece, por ejemplo, la posibilidad de acceder a una incapacidad temporal por una menstruación dolorosa de entre tres y cinco días mensuales siempre que se cuente con los correspondientes informes médicos que aseguren la dismenorrea (afecta a una de cada diez mujeres), pero el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, indicó ayer que es una medida “en discusión” dentro del Gobierno de coalición. “Nuestra posición es que esta ley tiene que armonizar dos elementos: mejorar protección de las mujeres y también impulsar su participación en mejores condiciones del mercado de trabajo”, indicó Escrivá.
No lo ve así la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien se ha mostrado “absolutamente de acuerdo” con la medida, porque hay que hacer “política laboral de género”.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por su parte, aseguró que el Gobierno “está absolutamente comprometido con la igualdad de género y nunca va a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres”.
Una respuesta que va dirigida también a la propuesta de que las mujeres puedan acceder a un permiso retribuido desde la semana 36 hasta el parto y las bajas en caso de aborto, fuentes gubernamentales insisten en que hay que “estudiarlo todo” y ver qué medidas se pueden adoptar o no que no perjudiquen la contratación de muje
Jres y el coste para las arcas públicas. En la reunión de subsecretarios, ya se puso encima de la mesa la baja maternal a partir de la semana 39.
También está en el aire la idea la propuesta de un IVA cero para compresas, tampones y pañales. El acuerdo de coalición de gobierno entre el PSOE y Podemos hablaba de situarlo en el tipo reducido del 4% (se incorporó a las presupuestos que decayeron antes de la covid y que no se sumó a la del 2022 a consecuencia del coste de la pandemia). Ahora Montero habla de aplicar un IVA cero, algo que en este momento se aplica a los test de antígenos y a las vacunas de la covid. Y poco más. Hacienda, al respecto, guarda un clarificador silencio al respecto.
Por su parte, el Ministerio de Justicia está examinando las medidas diseñadas para luchar contra la gestación subrogada, prohibida en España pero que en otros países es legal. Igualdad planteó en su borrador que los tribunales españoles puedan perseguir judicialmente a quien recurra a los vientres de alquiler
Negociación contra reloj para lograr un texto de consenso que llevar al Consejo de Ministros
en el extranjero y también prohibir la publicidad de las agencias que actúan como intermediarias.
Mientras, las reacciones al borrador de la reforma de la ley del aborto continúan. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, criticó el “eufemismo” de llamar interrupción del embarazo a lo que, en su opinión, no es más que admitir “el derecho del fuerte contra el débil a eliminar una nueva vida”. En cuanto a medidas concretas, Argüello subrayó que, mientras se considera un ejercicio de violencia la maternidad subrogada, se obvia que es “mucho más violento eliminar una vida nueva” y criticó “la manera sibilina de restringir la objeción de conciencia” de los médicos.c