Los resultados de un caso de espionaje

Desde que estalló, hace ya casi un mes, el escándalo del espionaje al independentismo catalán ha ido creciendo como una bola de nieve, dificultando en gran medida el día a día del Gobierno que integran PSOE y UP. Y no es de extrañar. Porque si bien es comprensible que los gobiernos busquen toda la información precisa para defenderse y evitar sorpresas, no lo es que lo hagan siguiendo procedimientos irregulares ni, por supuesto, que todo acabe saliendo a la luz. Cuando esto último sucede, se hace muy difícil hallar una salida satisfactoria a la crisis.

La primera reacción del Gobierno ante este escándalo fue tratar de minimizarlo y de eludir responsabilidades. Esa fue una temprana prueba de la gravedad del caso, que ha producido, además de la indignación del independentismo que había facilitado la investidura de Pedro Sánchez, un inusual enfrentamiento entre los ministerios de Defensa y Presidencia. Esta semana, el Gobierno confía en haber resuelto la crisis con la sustitución al frente del CNI de Paz Esteban por Esperanza Casteleiro, otra veterana funcionaria de este organismo. Pero los independentistas no comparten tal opinión, consideran que la cabeza cobrada no basta y reclaman nuevas compensaciones. Todo ello, en una coyuntura en la que todavía son demasiadas las incógnitas por despejar, en uno y otro bando. Por ejemplo, cuál fue la auténtica implicación de cada investigado en cada uno de los hechos espiados. O cuál es la gravedad y el alcance penal de lo averiguado por el CNI en su pesquisa sobre los independentistas.

La Vanguardia publica hoy nueva información relativa a este caso, en la que se concreta la lista de los 18 independentistas catalanes vigilados, y se especifican también argumentos aportados por el CNI a los magistrados del Tribunal

Supremo que debían dar su autorización para las escuchas. No sorprende, en este sentido, que se señalara que el secesionismo catalán suponía una amenaza para la unidad del Estado, protegida por la Constitución, puesto que su objetivo era y es separar Catalunya de España. Sí sorprende, en cambio, que se compare al yihadismo con el independentismo. Los objetivos finales y las estrategias de ambos movimientos no han sido nunca coincidentes. También sorprende que la autorización judicial para espiar a Pere Aragonès, hoy presidente de la Generalitat, entonces vicepresidente, se basara en el papel que el CNI le otorgaba como “coordinador” de los CDR. O que las escuchas hechas en otoño del 2019, cuando Catalunya bullía por la sentencia del juicio del procés, siguieran ya iniciado el 2020, en vísperas de la investidura presidencial de Pedro Sánchez que contó con el apoyo de ERC.

El espionaje –la búsqueda secreta de información– es una actividad que practican todos los gobiernos, y no solo los gobiernos. Quienes lo llevan a cabo suelen escudarse en los altos intereses de su causa. Quienes lo sufren reprochan a aquellos la intromisión en su intimidad, agravada, en esta ocasión, por el sentimiento de traición, ya que las relaciones entre ambas partes eran a veces de choque, pero a veces las definía la voluntad de diálogo. Es, pues, difícil que dichas partes lo valoren de modo parecido.

Otra cosa son los magros frutos que ofrece este caso malhadado al conjunto de la sociedad. John le Carré escribió en El espía que surgió del frío que el espionaje tiene una única ley moral: se justifica por los resultados. Visto lo visto, los órganos rectores del Estado deberían preguntarse si existió tal justificación. Y el independentismo debe preguntarse si los resultados que va a obtener de su enroque son los que más le convienen.c

Son aún demasiadas las incógnitas por despejar, en un lado y en el otro