Reactivados los trámites de demolición del edificio Venus
Entra en servicio la oficina técnica que negociará alternativas para los inquilinos del bloque de la Mina
La Generalitat ha puesto en servicio la oficina técnica del proyecto de expropiación y tasación conjunta del edificio Venus en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Se trata del último trámite previo a la demolición y a dar una salida pactada a las 243 familias afectadas para que puedan disponer de un nuevo alojamiento.
Por el momento, en lo que la alcaldesa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, considera que es “una de las actuaciones más esperadas” en el barrio de la Mina y en especial para los vecinos del bloque Venus, la oficina técnica de expropiación se instalará en unos locales de la biblioteca de la Mina. Allí empezarán a atender a los afectados y a negociar una salida digna para impulsar los trámites previos a la ejecución del derribo. Posteriormente, según la propia alcaldesa, se trasladará a otro local más próximo al edificio.
Quince meses ha tardado el Departament de Treball, Afers Socials i Família para activar el mecanismo que pueda permitir a los actuales inquilinos encontrar una alternativa. La mayoría quieren ser compensados con una vivienda digna, por lo que los técnicos deberán estudiar cada uno de los casos antes de pasarles una propuesta. “Hemos esperado más de veinte años”, recuerda Paqui Jiménez, la activista vecinal que ha actuado de portavoz y que lideró el movimiento vecinal que impulsó la campaña de micromecenazgo para contratar un bufete de abogados que defendiera sus intereses ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Este acabó sentenciando que las administraciones competentes debían reiniciar el proceso paralizado desde hace veinte años.
Los vecinos se oponían a la tasación inicial que el Consorci de la Mina, en el que participan la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià, había realizado de las viviendas y que exigía a los residentes el pago de 30.000 euros para acceder a un piso nuevo, algo que la sentencia del TSJC juzgó como una flagrante vulneración de los derechos de los vecinos.
Finalmente, el Departament de Treball, Afers Socials i Família aportará 12,6 millones para iniciar la tramitación.c