El Defensor de Pueblo pide revisar el control judicial al que se somete el CNI

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, dio ayer a conocer el resultado de su investigación realizada para aclarar el espionaje a independentistas con el spyware Pegasus. No hubo ninguna sorpresa: las 18 intervenciones de las comunicaciones reconocidas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se hicieron conforme a ley, como ya informó la exdirectora, Paz Esteban, en la comisión de Secretos. Pero pese a que todo se hizo “acorde a la Constitución”, este organismo plantea revisar el control judicial al que se someten las actuaciones de los espías españoles.

“No es lo mismo la interceptación de las comunicaciones en el 2022 que en el 2002 [año en el que se aprobó la ley de control judicial al CNI vigente], ni significará lo mismo en unos pocos años”, concluye el informe de ocho páginas elaborado por el Defensor del Pueblo. Es decir, los pinchazos telefónicos que se hacían en los primeros años de este siglo, nada tienen que ver con los robos de información que pueden hacer programas como Pegasus, capaces incluso de activar micrófonos o cámaras desde manera remota. Así, el exministro de Educación expone como en estos 20 años la evolución de las tecnologías, “sumado a los cambios que están por venir”, debe conducir a meditar “sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existente”.

El Defensor del Pueblo se ha trasladado a lo largo de la investigación en cinco ocasiones a la sede del CNI, donde han examinado la documentación clasificada para resolver la actuación. Entre ella, los 18 autos judiciales necesarios para espiar a la lista de 18 personalidades relacionados con el independentismo a las que el pasado fin de semana La Vanguardia puso nombre y apellidos. Según las conclusiones rubricadas por Gabilondo, esos autos estaban “extensamente motivados”. El magistrado del Tribunal Supremo disponía “de un elevado grado de detalle de la información” para adoptar la decisión, explica el Defensor. Esta es la misma versión que la ya exdirectora del CNI defendió en el Congreso de los Diputados antes de ser cesada.

La investigación del Defensor del Pueblo es una de las dos que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ofreció a la Generali

Gabilondo verifica que el espionaje a los 18 líderes independentistas fue conforme a la ley

tat una vez se conoció la lista de más de 60 espiados. La otra, se trataba de una sobre el CNI que elaboraría el propio CNI. Gabilondo, que ha tenido acceso a las conclusiones de los espías, recoge también que “todas” las intervenciones telefónicas se han producido “en todos los casos” tras la autorización judicial –individualizada– correspondiente.n