Un conflicto enquistado

Unos 4.000 taxis, según fuentes gremiales, colapsaron ayer la Gran Via y otras calles de Barcelona, en una nueva protesta contra una hipotética liberalización de los VTC (vehículos de turismo con conductor), que estiman lesiva para sus intereses. Como en años anteriores, los perjudicados de esta protesta del taxi han sido sus usuarios y los ciudadanos en general, privados del servicio y, también, de la libre circulación por la ciudad.

Los taxistas practican, como si se tratara ya de un derecho adquirido, no ya solo la huelga, que asiste a todos los colectivos laborales, sino también la paralización de la ciudad. Creemos que la intensidad de sus protestas es desmedida, como se corroboró ayer de nuevo, y como se ha comprobado en años anteriores, cuando alargaron días y días, con acampadas, su corte en Gran Via. El celo con que imponen su ley y cuidan sus intereses no se corresponde con su atención a las necesidades del resto de los ciudadanos.

Dicho esto, es evidente que la Generalitat está demorando de modo lamentable la resolución del conflicto. Hace cuatro años, el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, abrió una moratoria y trasladó a las distintas comunidades autónomas la resolución del conflicto, ya fuera atendiendo a la petición de los taxistas –mantener la ratio de un VTC por cada 30 taxis– o, por el contrario, liberalizando el sector y dejando al usuario la posibilidad de elegir para su transporte entre el taxi y el VTC.

Otras comunidades recogieron el guante y han promulgado ya su propia legislación. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, optó por la liberalización. Y es el temor a que la Generalitat legisle en el mismo sentido lo que anima a los taxistas catalanes a reincidir en su protesta. Es cierto que la Generalitat perfiló una propuesta para resolver este conflicto enquistado. Pero también lo es que el cambio de Govern la frenó, y seguimos igual que estábamos. O sea, condenados a sufrir periódicamente huelgas del taxi, con grave afectación, muy visible ayer en el aeropuerto, en tantas calles barcelonesas o, en otras ocasiones, ante congresos como el Mobile, en los que los huelguistas no ven sino otra ocasión para renovar su amenaza.

Los taxistas deben mesurar sus protestas, si en algo aprecian a su clientela y a los ciudadanos en general. Y la Generalitat debe darse cuenta de que aplazar la resolución de los problemas es un grave error: encona los ánimos de los litigantes, perjudica a los ciudadanos y refleja una pobre labor gubernamental. Hace ya demasiado que esto dura.c

Los taxistas se exceden en su protesta y la Generalitat demora demasiado la solución