El fiscal exime a Marín del presunto caso de corrupción de l’Hospitalet
Importante espaldarazo todavía no definitivo para la alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín. El fiscal solicitó ayer a la juez que instruye el presunto caso de corrupción del Consell Esportiu que archive la causa sobre la socialista. Argumentó, tras analizar las pruebas sobre el presunto desvío de subvenciones a finalidades personales, que Marín no estaba implicada en el asunto que supuso la dimisión de dos concejales: Cris Plaza y Cristian Alcázar.
“No hay un solo dato que permita deducir que por parte de la investigada se actuó en flagrante o evidente contradicción con el Derecho”, rezó el escrito. “La investigada actuó sin ningún ánimo de ocultación de los hechos que se pusieron en su conocimiento y, en consecuencia, sin hacer dejación de sus funciones”, sentenció.
Marín está imputada por, principalmente, omisión del deber de perseguir el delito. Otro edil socialista, Jaume Graells, le reveló las supuestas irregularidades. El caso tiene otras dos piezas separadas: una afecta a Cornellà y otra es sobre un supuesto despido simulado que cobró Plaza tras ponerse de acuerdo con Alcázar.
Durante la fase de instrucción se reclamó una investigación complementaria a Intervención General del Estado que todavía no se ha hecho. “Teniendo en cuenta la complejidad de la pericial contable prevista –y el tiempo necesario para llevarla a cabo– y la nula relación de su resultado con los hechos atribuidos a la investigada”, el fiscal reclamó el “sobreseimiento provisional y parcial”.
Los comunes, que ejercen de acusación popular, se oponen al archivo. La lectura de Anticorrupción difiere de la de la unidad de delincuencia económica y fiscal (Udef) de la Policía Nacional, que en su último informe relató una “abstención objetiva y deliberada” de Marín avalándose en un estudio de los mensajes de teléfono móvil de la alcaldesa y otros investigados. Así pues, la pelota está ahora en el tejado de la juez.
En su argumentación, el fiscal anticorrupción Luís García Cantón recuerda que la jurisprudencia dicta que la “dejación de funciones
Anticorrupción dice que la socialista actuó legalmente y la decisión final está en manos de la juez
ha de ser patente, manifiesta y total”. A su juicio, Marín no actuó de esta manera.
Cuando el tres febrero del 2020 Graells advirtió a Marín de las supuestas irregularidades, la alcaldesa se reunió al día siguiente con el edil y después puso en conocimiento de la situación a la secretaria del Consistorio. Más tarde, le reclamó explicaciones a los concejales implicados, que desmintieron a Graells. Vistas las versiones contradictorias entre compañeros del PSC, Marín decidió instar a la realización de una auditoría del Consell. Nunca llegó a finalizarse porque la situación llegó a los tribunales. Para el fiscal, pedir que se lleve a cabo significa que Marín “cumplió con la obligación de controlar el buen fin de las subvenciones concedidas”. Además, recordó que cuando recibió documentación que supuestamente acreditaba las irregularidades tomó “la única decisión que le era exigible: remitirla al Juzgado de Instrucción”.c