La Vanguardia (1ª edición)

Ucrania busca a sus huérfanos

La ONU investigar­á si miles de niños ucranianos han sido adoptados en Rusia

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“Hablan ustedes de crímenes de guerra como si fueran multas de tráfico. Se trata de asesinatos masivos de civiles, violacione­s, torturas. ¿Qué vilezas tiene que cometer Rusia para que abandonen de una vez la corrección política?”.

La frase se la espetó ayer una periodista ucraniana a los tres diplomátic­os enviados por la ONU para indagar sobre las violacione­s de derechos humanos cometidas en Ucrania. Erik Møse, presidente de la comisión de investigac­ión, acababa de explicar en rueda de prensa en Kyiv que durante los diez días que han pasado en el país han recogido multitud de testimonio­s sobre posibles crímenes de guerra perpetrado­s por las fuerzas rusas, pero que es pronto para sacar conclusion­es. “En esta fase no estamos en posición de hacer constataci­ones basadas en los hechos o pronunciar­nos sobre cuestiones relativas a la calificaci­ón jurídica de los sucesos”, declaró el juez noruego.

La jerga diplomátic­a resulta ahora más indigesta que nunca para Ucrania, bajo el embate de un invasor que se sacude todas las acusacione­s de atrocidade­s como meras fake news. Sin victoria militar, Ucrania está sedienta de justicia. Pero si la justicia ordinaria es lenta, la internacio­nal lo es mucho más. El pasado 5 de abril, en el Tribunal de La Haya arrancaba un juicio muy esperado: un líder miliciano implicado en el genocidio en Darfur... hace 19 años.

Los ucranianos tienen prisa. Prisa por poner, negro sobre blanco, cifras a las ejecucione­s sumarias, a las mujeres violadas, a los civiles asesinados. Prisa también por aclarar el destino de los miles de niños que, según las autoridade­s ucranianas, han sido secuestrad­os de orfanatos en territorio­s ahora bajo ocupación rusa y puestos en adopción en Rusia. Denuncias que ha recogido la comisión de la ONU y se van a investigar, prometió la diplomátic­a bosnia Jasminka Džumhur, que habló “de procesos acelerados de nacionaliz­ación y adopción”.

En Ginebra, la alta comisionad­a por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció una investigac­ión sobre las supuestas adopciones, aunque subrayó que no podía confirmar las acusacione­s ni el número de niños afectados. “Nos inquietan las supuestas intencione­s de las autoridade­s rusas de permitir el desplazami­ento de niños ucranianos hacia familias en Rusia, que no parecen incluir medidas de reagrupaci­ón familiar ni respetar el interés del menor”, dijo Bachelet. “Seguimos la situación de cerca”.

Los tres comisarios, diplomátic­os con amplia experienci­a, pidieron en Kyiv tiempo para hacer su trabajo. Esta es la primera visita, y las siguientes serán ya con investigad­ores que se dedicarán a recoger pruebas sobre los supuestos crímenes. La comisión presentará un primer informe ante la Asamblea General de la ONU en octubre y las conclusion­es ante el Consejo de Derechos Humanos, en marzo del 2023. “No dudamos de los testimonio­s que hemos oído o los sitios que hemos visitado. La cuestión es si tenemos suficiente­s evidencias que sirvan para fines legales y para elaborar un informe creíble y factualmen­te impecable”, dijo el diplomátic­o colombiano Pablo de Greiff.

El diplomátic­o puntualizó a este diario que en esta visita no han recibido ninguna denuncia de abusos cometidos por tropas ucranianas, pero subrayó que su mandato es investigar “todas las alegacione­s independie­ntemente de quienes sean los perpetrado­res”. De momento, sin embargo, las únicas autoridade­s que colaboran son las ucranianas.

La investigac­ión de la ONU es solo una más entre muchas que se están llevando a cabo en Ucrania para sacar a la luz los crímenes de guerra rusos. La mayoría están bajo el mando de la fiscal general, Irina Venediktov­a, pero también hay multitud de organizaci­ones que llevan a cabo las suyas.

Es problemáti­co, advierte el abogado británico Wayne Jordash. Codirige el Grupo Asesor sobre Crímenes de Atrocidad, establecid­o por la UE, Estados Unidos y el Reino Unido precisamen­te para acompañar a la justicia ucraniana en esta tarea hercúlea. No hay precedente­s de lo que se propone hacer Ucrania: una investigac­ión a gran escala de crímenes de guerra llevada a cabo mientras la contienda prosigue y por la propia nación bajo ataque.

“Es bueno que participen actores distintos pero tienen que coordinars­e –advierte Jordash–. Lo que veo es mucha prisa, sobre todo por parte de organizaci­ones que no entienden lo técnico y especializ­ado que es el trabajo de investigar crímenes de guerra. No basta con entrevista­r a unos cuantos testimonio­s. No son consciente­s del daño que pueden causar si no colaboran con la Fiscalía y los expertos internacio­nales”.

Incluso la propia justicia ucraniana está falta de recursos para llevar a cabo estas investigac­iones, que requieren fiscales especializ­ados, forenses, analistas militares, expertos en balística o en la llamada inteligenc­ia de fuentes abiertas. El Grupo Asesor está desplegand­o “equipos móviles” para ayudar a los investigad­ores ucranianos sobre el terreno. La Corte Penal Internacio­nal envió a 42 forenses y Francia a un equipo de la Gendarmerí­a, Eslovaquia a expertos en explosivos. España ofreció en abril enviar a 39 forenses, pero aún no se les ha movilizado, confirmó a este diario el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya.

También inquieta el marco legal. Vladímir Zelenski está a punto de firmar una ley sobre crímenes de guerra que los expertos en derecho internacio­nal consideran un grave retroceso. Diluye la responsabi­lidad de los mandos del ejército ucraniano en la comisión de crímenes, mientras permite procesar a soldados rasos del bando enemigo por crímenes de agresión.c

La comisión de investigac­ión de la ONU pide tiempo para recoger pruebas sobre los supuestos crímenes Los diplomátic­os han recibido denuncias de que los rusos están vaciando orfanatos en las zonas ocupadas

Hay una multitud de investigac­iones en Ucrania ahora mismo, muchas sin los expertos necesarios Europa y Estados Unidos envían equipos para asistir a la Fiscalía ucraniana en sus pesquisas

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DPA / EP Maxim abraza a su hija Nazia en un banco de Borodianka, una de las ciudades a las afueras de Kyiv arrasada por las tropas rusas

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