La imputación de Mónica Oltra pone en jaque al Gobierno de Ximo Puig
El TSJCV ve indicios de que protegió a su exmarido cuando abusó de una menor
La decisión del TSJ de la Comunidad Valenciana de citar como investigada (imputada) a la vicepresidenta valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha sacudido a todo el Ejecutivo del socialista Ximo Puig. Era una noticia esperada. El alto tribunal la cita el próximo 6 de julio al entender que existen indicios de un supuesto encubrimiento en el caso de los abusos sexuales que su exmarido cometió contra una menor, y por lo que fue sentenciado a cinco años de prisión. De manera literal, el TSJCV valora “la posible existencia de un concierto entre Oltra y diversos funcionarios a su cargo (hay 13 imputados) con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (…) o bien proteger la carrera política de la aforada”.
El tribunal se ha pronunciado a petición del juez instructor de una causa que se inició por una denuncia de la menor, ahora ya adulta, y que al ser la vicepresidenta aforada recurrió al TSJCV para pedir que se le investigara. A lo que se sumaba una exposición razonada y contundente de la fiscal del caso: “hubo un plan preestablecido para ocultar y desacreditar los abusos relatados por la menor”. Los jueces concluyen que aunque es “cierto que no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada, estos indicios hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin”.
Desde que se inició la instrucción, la crisis política generada por el caso contaminaba ya las acciones del ejecutivo valenciano, con la enorme presión de la oposición exigiendo su dimininguna sión o que Ximo Puig la destituyera. En la Generalitat Valenciana se contenía la respiración a cada paso de la instrucción, esperando la decisión del TSJCV que se hizo pública ayer. La noticia cumplió los peores pronósticos y en el entorno de Ximo Puig se ansiaba que Mónica Oltra adoptara una decisión que ayudara a bajar la presión que el caso ejerce contra el Gobierno del Botànic. Pero ni el presidente ni ningún cargo socialista quiso ayer cuestionar la labor de su vicepresidenta. Compromís, por su parte, volvió a cerrar filas con Mónica Oltra, quien la pasada semana anunció que aunque fuera imputada por el TSJCV no dimitiría de sus cargos.
La vicepresidenta y responsable del área de Bienestar Social considera que no ha cometido irregularidad. Y atribuye este caso a una maniobra de la ultraderecha valenciana. Una cosa es cierta, el líder de la formación ultra España 2000 es ahora el abogado de la mujer. Pero en este trayecto, varios jueces, dos fiscales y el TSJCV creen que hay indicios razonables de que se actuó de manera negligente para proteger a la menor, a la que nadie creyó en su conselleria y que tuvo que ser la Policía Nacional la que llevara el caso a la Fiscalía de menores, cuatro meses después de su primera denuncia.
La imputación de Oltra ha puesto en jaque a todo el Gobierno valenciano. Desde el PSPV se asume que el caso va a
La vicepresidenta valenciana no piensa dimitir y la oposición presiona al presidente para que la destituya
deteriorar gravemente la imagen de todo el ejecutivo, y desde Unides Podem no son pocas las voces que piden que la vicepresidenta mueva ficha. Ahora, toda la presión se ha trasladado sobre Ximo Puig ante la negativa de Oltra a dimitir, y ayer la oposición coincidió en hacerlo responsable de mantenerla en el Ejecutivo valenciano.
Será difícil que Ximo Puig tome una decisión que aparte a Mónica Oltra de sus responsabilidades institucionales, pues el presidente gobierna en coalición con Compromís. Y un movimiento de tal envergadura provocaría una crisis de la coalición de enormes consecuencias a solo un año de las elecciones autonómicas y locales.c