“Ya nadie se acuerda de nosotros”
● Las residencias se quejan de que ya se las ha olvidado y piden más financiación pública ● La reforma del sector tropieza con los costes, pero se busca un acuerdo ● En Catalunya, hay tres listas de espera para una plaza con 10.000 personas
Estábamos convencidos de que tras la covid había llegado el turno de la dependencia, pero ya se han olvidado de nosotros, de las residencias”, se quejó ayer Cinta Pascual, presidenta de la principal agrupación empresarial del sector, Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps), y de la patronal catalana ACRA. Las residencias creen que nada cambia, aunque con la mortalidad que causó la covid en los geriátricos (23.399 muertes según los datos del Gobierno), hubo una alerta social y un consenso sobre la necesidad de cambiar el modelo actual.
Pascual presentó el informe de ACRA del 2021, que subraya la “infrafinanciación” (en general en todas las comunidades). Reclamó un “incremento sustancial” de fondos, en especial al Gobierno estatal “y un copago justo y equitativo entre los usuarios”.
“Sin más financiación no se puede avanzar en nada. Somos los primeros interesados en mejorar las ratios de residencias por número de dependientes, de trabajadores por residentes, pero todo eso hay que pagarlo, tanto el coste del 60% de las plazas públicas, como ayudar a cubrir el 40% de privadas”, dijo Pascual. El sector pide que se dedique un 2% del PIB español a dependencia frente al 0,7% actual. Para este año, hay previstos 600 millones adicionales para dependencia, como en los dos anteriores, pero en el 2021 ni se invirtieron todos.
La limitación presupuestaria es la justificación de las residencias para frenar un cambio de modelo que sí promueve el Ministerio de Derechos Sociales, que quiere impulsar geriátricos de no más de un centenar de usuarios, organizados por grupos de unos 15 convivientes y con al menos un tercio de habitaciones individuales, entre otras características.
Las propuestas quedaron atascadas por la falta de apoyo de las patronales, los sindicatos y de algunas autonomías, aunque parece que se busca un acuerdo antes de fin de mes. “Sin financiación no puede haber nuevo modelo”, afirmó Pascual ayer a La Vanguardia. El modelo de acreditación de centros, para obligarles a incorporar los cambios, tiene “líneas rojas”, aseguró. “Una es que se aplique a nuevos centros, no puede ser retroactiva, sería inasumible obligar