El catalán en la justicia cae desde hace 15 años y solo se usa en el 6,9% de sentencias

El uso del catalán en el ámbito judicial va en retroceso en Catalunya. Las sentencias redactadas en catalán han caído en picado en los últimos 15 años y actualmente solo se redactan en esta lengua el 6,9%. Además, se incumple el derecho a ser notificado en catalán en más del 80% de los casos, poco más del 2% de demandas se presenta en catalán, y únicamente el 9% de los documentos notariales está escrito en catalán.

Son datos presentados ayer por el departament de Justícia de la Generalitat que han motivado una serie de medidas para fomentar el uso del catalán en el ámbito judicial, entre las que se encuentra pedir que el nivel C1 sea mérito para poder ser juez en Catalunya, cosa que ya se está negociando con la Escuela Judicial del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). En la actualidad solo es necesario el B1.

Esta medida garantizaría, según Justícia, que jueces y fiscales tengan un conocimiento adecuado del catalán. También se pretende fomentar que los estudiantes de Derecho opositen a la carrera judicial o a la fiscal con la concesión de 50 becas anuales durante cuatro años para los que el departament destinará una partida de 600.000 euros.

En el año 2005 el 20,1% de las sentencias se redactaba en catalán, un máximo que nunca más se ha alcanzado y que desde entonces ha ido cayendo en picado hasta llegar a representar únicamente el 6,9% . El descenso más acusado tuvo lugar entre el 2005 y el 2015, que se pasó del 20,1% al 8,4%.

Según los datos que maneja la conselleria, la presencia del catalán es poco menos que residual en algunos ámbitos judiciales. Así, en el 2021 únicamente se presentaron en catalán un 6,2% de las demandas judiciales. En la ciudad de Barcelona la cifra bajó hasta el 4,22% mientras que en Girona se presentaron en catalán el 13,10%.

También se incumple el derecho a ser notificado en catalán en un 81,3% de los casos. En el otro lado, si un demandante específica ser notificado en castellano, su petición se cumple en el 97% de las ocasiones. Y en el caso de que el demandante no muestre una preferencia lingüística, la notificación se hace por defecto en castellano en el 91,8% de los casos.

Con estos datos, el departament tiene previsto aprobar un Pacte Nacional per la Justicia basado en seis ejes entre los que destacan: que el catalán sea la lengua del departamento y de todos los servicios que presta, incrementar la presencia del catalán en todos los servicios judiciales con el objetivo de garantizar los derechos lingüísticos y poner en marcha herramientas para seguir el uso del catalán. En este sentido, ya está disponible un servicio en el que a través de un código QR los ciudadanos pueden informar de la vulneración de sus derechos y se ha puesto en marcha una web. También se está trabajando en la elaboración de nuevos diccionarios terminológicos de derecho procesal y de mediación.

Todo ello irá acompañado por una campaña dirigida a ciudadanos y agentes judiciales para fomentar el respeto a los derechos lingüísticos.c