Tensión en el Gobierno valenciano
Mónica Oltra no tiene intención de dimitir. La vicepresidenta del Gobierno valenciano, consellera de Igualdad y líder de Compromís, compareció ayer, al día siguiente de ser imputada en el caso contra su exmarido por abusar de una menor, e insistió en que va a seguir ocupando sus cargos públicos. El próximo 6 de julio, Oltra deberá declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El caso que va a llevar a Oltra al TSJCV arranca hace más de cinco años, en febrero del 2017, cuando una menor residente en un centro de acogida denunció abusos cometidos por Luis Eduardo Ramírez, trabajador de dicho centro y a la sazón esposo de Oltra. Ese mismo año, la Fiscalía cursó denuncia contra Ramírez, que en el 2019 fue juzgado, la sentencia fue anulada y de nuevo se le consideró culpable en el 2021 y condenado a cinco años de cárcel.
Según la fiscal del caso, “hubo un plan preestablecido para ocultar y desacreditar los abusos relatados por la menor”. Y en dicho plan pudo haber tenido alguna participación Oltra, motivo que debería aclararse durante su próxima declaración ante el TSJCV. La Fiscalía admite que “no existe prueba directa que vincule” a la vicepresidenta con el caso, pero al tiempo señala que hay “indicios plurales”.
Oltra manifestó ayer que pretendía seguir en el cargo, atribuyendo a su posición una base “ética y política”. “Ética”, probablemente, porque considera que no ha obrado mal. Y “política” porque, en su opinión, la extrema derecha se beneficiaría de su caída. Cabe recordar que el abogado de la menor, ahora ya adulta, es el líder de una formación ultra. Resulta obvio que esa dimensión política del caso tiene otras facetas, y entre ellas destaca el modo en que la imputación de Oltra afecta a la imagen y la estabilidad del Gobierno valenciano, una coalición en la que participan el PSPV, Compromís y Unides Podem. La posición pública de estas formaciones respecto al caso es, hasta la fecha, de apoyo a Oltra. Pero algunas de sus voces se han manifestado en otro sentido, resaltando que una salida de Oltra aliviaría la presión a la que se ve sometido el Gobierno encabezado por el socialista Ximo Puig. Por otra parte, Compromís ha amenazado con romper el pacto de gobierno si Puig destituyera a Oltra.
Están por ver las consecuencias de este caso. Pero es claro que señala un antes y un después en el Ejecutivo valenciano, y que ese después se anuncia más complicado que el antes, ya con las autonómicas y locales del 2023 a la vista.c
La imputación de Oltra debilita el Gabinete de Puig a un año de las autonómicas