Causas del déficit infraestructural

Un informe del Ministerio de Hacienda en el que se detallaban los déficits de inversión del Estado en Catalunya causó a finales de mayo el previsible revuelo en la escena política local. Se comprende que así fuera. Según dicho estudio, la Administración estatal apenas ejecutó un 35,7% del total comprometido en los presupuestos generales por el Gobierno que preside Pedro Sánchez. Es decir, se ejecutaron 739,7 millones de euros, 1.328 menos de los acordados. Durante el mismo año, el promedio de ejecución en el Estado fue del 67%, y en Madrid se ejecutaron 2.086 millones, un 84% más de lo consignado inicialmente. Todo ello significa que Catalunya se llevó el 9% de las inversiones por comunidades del Estado, pese a que aporta el 19% del PIB nacional, mientras que Madrid, con una aportación similar, se llevó el 25%. Jaume Giró, conseller de Economia i Finances, dedicó a esta módica inversión adjetivos como “sangrante”, “persistente” y “humillante”. Y el viernes el Govern cifró en 12.400 millones el déficit histórico de inversión del Estado en Catalunya.

Desde la Administración central se respondió a las protestas catalanas con distintas excusas, algunas tirando a peregrinas. En balde: es obvio que algo falla en dicha Administración cuando solo uno de cada tres euros previstos acaba llegando a su destino catalán. Los perjuicios que causa esta discriminación son muy importantes. Y lo más grave es que no hablamos aquí de una ejecución excepcional del año pasado: se ha dado en ejercicios previos, y la suma de todos ellos va contribuyendo a debilitar las posibilidades infraestructurales y económicas de Catalunya.

Para mayor desgracia de los catalanes, sea cual sea su adscripción política, estos déficits infraestructurales no pueden atribuirse únicamente al Estado. El hecho de que

Catalunya no cuente con mejores infraestructuras es también achacable a las autoridades catalanas. Y, en particular, a los dos partidos que integran el Govern, ERC y Junts, a los que aparentemente cuesta mucho darse cuenta de que sus disputas, ya cansinas por reiteradas, son inadmisibles porque tienen como consecuencia una ralentización de determinadas obras públicas reclamadas de antiguo.

El caso reciente más notorio fue la negativa a la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Junts se mostraba favorable a esta operación. Pero en ERC se consideró que las posibles afectaciones medioambientales de la obra aconsejaban dejarla en el aire. El del aeropuerto no es un caso excepcional. Al contrario, más bien define la norma. En los últimos años, los dos partidos mencionados han defendido posturas opuestas ante, por ejemplo, la implantación de aerogeneradores, la creación de determinados nuevos tramos viarios, la reforma de otros ferroviarios, etcétera. Con un resultado común en casi todos los casos: el único fruto de tales disputas ha sido que las obras, de una u otra naturaleza, que en algún momento estuvieron sobre la mesa han acabado durmiendo en un cajón. Si a todo ello añadimos la lista de las infraestructuras en territorio catalán en la que las autoridades llevan acumulados muchos años de retraso –accesos al puerto de Barcelona, obras de la estación de La Sagrera, plan de Rodalies, etcétera–, el resultado es totalmente descorazonador.

A menudo, tras estos y otros incumplimientos hay incapacidad financiera. Otras veces, hay desidia. Otras, políticas de corto vuelo. En todos ellos parece darse una desconsideración de los intereses del conjunto de los ciudadanos de Catalunya, puesto que son los intereses de parte política, ya sea en Madrid o en Barcelona, los que al fin se imponen sobre una idea de servicio a dichos ciudadanos.c

El Estado no ejecuta lo acordado, y la brega de los partidos catalanes no ayuda en nada