Ayuda pública para Celsa
Pocas veces una negociación entre una empresa y sus acreedores había llegado a desatar una campaña incondicional de apoyo a la compañía como en el caso de la siderúrgica Celsa. Patronales, sindicatos, diferentes administraciones e incluso el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han posicionado a favor de los postulados de la empresa exigiendo a los acreedores ajustes en sus reclamaciones para que llegue la ayuda pública de 550 millones de euros que finalmente va a desembolsar la SEPI –dependiente del Ministerio de Hacienda– si Bruselas lo autoriza. Sin esos recursos, una de las empresas industriales de capital nacional (familia Rubiralta) más grandes de España tendría un futuro incierto. Las sucesivas crisis del arranque del siglo XXI (la inmobiliaria del 2008, la de confianza del 2013 y la de la covid del 2020) dejaron a la siderúrgica tocada por una enorme losa de deuda de unos 2.200 millones de euros que asfixia su actividad cotidiana. La empresa es viable por sí sola, pero esa deuda convertía el futuro en algo dudoso. Ahora la SEPI ha dado el visto bueno a la ayuda tras recibir el compromiso de los acreedores de que llevarán a cabo la reestructuración de la deuda, que el organismo público considera necesaria para hacer posible que la empresa pueda devolver las ayudas públicas y no perjudicar así a los contribuyentes. No es de recibo que por una mala decisión el dinero de los ciudadanos acabe en última instancia en manos de fondos oportunistas que buscan el máximo beneficio para sus inversiones. Pero es igual de legítimo el objetivo de la SEPI de preservar el retorno de la ayuda pública para que no se repitan tristes experiencias del pasado, como la que se dio en la crisis bancaria o en la gestión de determinadas concesiones de autopistas.
Sería bueno que –eliminada la incertidumbre de la concesión de la ayuda– la empresa y los acreedores se den prisa y cierren cuanto antes el acuerdo que haga posible el compromiso al que han llegado ambas partes con la SEPI.
La desindustrialización de España en general y de Catalunya en particular es un hecho innegable. Se está perdiendo la estela de otras grandes economías de nuestro entorno, como Alemania. En la industria hay mejores sueldos (la especialización que requiere empuja hacia arriba los salarios) y la estabilidad laboral es mayor (es difícil deslocalizar las fábricas). La economía del país no puede permitirse el lujo de poner en riesgo una de las empresas industriales más importantes que tiene.c
España no puede permitirse el lujo de poner en riesgo una de sus mayores industrias