Los militares de Ecuador avisan que “no permitirán” la ruptura del orden
El enésimo levantamiento indígena pone al presidente Lasso contra las cuerdas
Ecuador vuelve a estar donde estaba hace tres años. Y hace tres décadas. El movimiento indígena ha vuelto a levantarse contra el Gobierno y este miércoles se cumplen ya nueve días desde que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) convocara indefinidamente una “movilización nacional, popular y plurinacional”.
Como en otras ocasiones, el Gobierno –que desde el año pasado preside el derechista Guillermo Lasso– reaccionó decretando el estado de emergencia y sacando a la fuerza pública a las carreteras para frenar la masiva llegada de indígenas a Quito.
Y al igual que en anteriores protestas, el estado de emergencia – inicialmente decretado en tres de las 24 provincias ecuatorianas y desde el lunes ampliado a otras seis–, solo ha logrado calentar más el ambiente y generar más enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes.
El lunes se produjo la primera víctima mortal, cuando un hombre cayó a un barranco en Collas, al noroeste de la capital, huyendo de policías que reprimían a una de las columnas que trataban de llegar a Quito. Tampoco sirvió de nada la avanzada policial, porque los indígenas empezaron a inundar la capital la misma noche del lunes.
Y en este clima explosivo solo faltaba la intervención de los militares para apaciguar los ánimos. “La democracia de Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos”, declaró ayer el ministro de Defensa, el general Luis Lara, que criminalizó el enésimo levantamiento indígena, hablando de narcotráfico y delincuencia organizada. “Estas acciones coinciden con el brutal ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado”, afirmó el ministro que, siguiendo el manual militar de otras épocas, lanzó: “(Las fuerzas armadas) no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la república”.
El día anterior, Lasso había hecho otras declaraciones de manual al tuitear que los manifestantes quieren “botar (echar) al presidente”. “Aquí estoy para defender a Quito, a cada familia de la capital y del país”, añadió ante la marea indígena que se acercaba a la ciudad, donde el palacio de Carondelet, sede del Gobierno, está blindado por policías y militares. “Democracia o caos, esa es la gran batalla. La batalla por la democracia”, agregó Lasso.
Con el paro indígena, que ya ha causado pérdidas por 28 millones de euros, además de decenas de heridos y detenidos, la Conaie pretende presionar a Lasso para lograr una lista de exigencias. La organización se niega por ahora a negociar con el Gobierno porque considera que el presidente no ha hecho lo suficiente en su año de mandato, pese a conceder algunas demandas, como condonaciones de deudas a familias campesinas, aumentar cinco dólares el subsidio social, subvencionar al 50% la urea –el fertilizante más usado en el país– o doblar el presupuesto de educación intercultural.
No obstante, como en el 2019 contra el presidente Lenín Moreno, durante la última gran protesta indígena, el elevado precio del combustible en un país petrolero vuelve a ser la principal queja. La Conaie pide la congelación de los precios de las gasolinas. Y también un control de precios de los productos esenciales o moratorias para impedir nuevas concesiones mineras en la Amazonia.
El primer levantamiento indígena ecuatoriano data de 1990, cuando la Conaie impulsó una histórica protesta contra el socialdemócrata Rodrigo Borja, bajo los eslóganes: “No al FMI, no la deuda”, “No al imperialismo” y a favor de un “Estado plurinacional”. El movimiento sigue exigiendo al Estado, como entonces, mayor atención a la población indígena, principalmente campesina, que sigue concentrando los mayores índices de pobreza.c