Fracaso olímpico
Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), anunció ayer que no habrá candidatura española a los Juegos de invierno del 2030. Es decir, que la candidatura impulsada por Catalunya y Aragón queda definitivamente cancelada, debido a los desacuerdos a nivel político, que no técnico, para pactar un reparto de pruebas que contentara por igual a ambas partes.
Esta es una mala noticia. Pero no puede decirse que sea inesperada. Aunque meses atrás el COE anunció al Gobierno español que se había alcanzado ya un acuerdo entre las dos comunidades relativo al reparto de pruebas, el presidente aragonés, Javier Lambán, se apresuró a manifestar que dicho reparto no le parecía aceptable. En función de este, Aragón hubiera organizado 54 pruebas, por 42 Catalunya. Pero el hecho de que no se incluyeran en el lote aragonés la mitad de las de esquí alpino no le parecía a Lambán de recibo.
A partir de ahí, las relaciones entre ambas comunidades sobre la candidatura ya no mejoraron. Surgieron iniciativas de parte centradas en una organización que se basaba únicamente en una de la comunidades, y se multiplicaron las informaciones que auguraban el fracaso de la conjunta. Eso es lo que ha ocurrido finalmente. Blanco no ha dudado en responsabilizar de este fiasco a “la negativa del Gobierno de Aragón a respetar el acuerdo técnico”.
Esta frustración deja, inevitablemente, un regusto amargo que, lejos de agotarse en la atribución de responsabilidades, si bien unas puedan parecer más claras que otras, invita a revisar lo sucedido y reflexionar. La primera reflexión nos lleva a lamentar que Catalunya y Aragón o, mejor dicho, sus líderes políticos, hayan sido incapaces de alcanzar un acuerdo para organizar unos Juegos que ambos parecían desear, y que podían aportar beneficios económicos y de desarrollo para el Pirineo. Es sabido que sus posiciones políticas son diversas, pero eso no justifica que las antepongan a los intereses de una parte importante de sus representados. Ciertamente, se han registrado en Catalunya algunas protestas contrarias a la celebración de los Juegos. Pero no es menos cierto que dicha posición contrasta con la de esa mayoría de personas que aprecian el rédito de los Juegos de 1992 y miraban con simpatía el plan pirenaico.
La segunda reflexión es que cuando se aspira al beneplácito de una instancia superior, como es el Comité Olímpico Internacional (COI), no se debe permitir un desencuentro tan notorio como el que se ha dado a propósito de esta candidatura. Los daños que comporta para la imagen del país y, lo que es peor, acaso para futuras candidaturas, son considerables.
Una tercera reflexión nos invita a recordar que este fiasco viene a sumarse a un historial olímpico español que, con la excepción de Barcelona en 1992, incluye ya demasiadas frustraciones y va condenando al país a un papel de perdedor olímpico. La candidatura aragonesa de Jaca ha fallado en cuatro ocasiones. La candidatura de Madrid se ha malogrado en tres ocasiones, pese a contar con importantes apoyos. Granada y Sevilla han protagonizado intentos de menor vuelo, pero que igualmente acabaron en nada.
Si va a haber en el futuro otra candidatura –se habla ya de una catalana en solitario para el 2034–, sería conveniente que se aprendiera alguna lección del fracaso pirenaico. Y, en consecuencia, que solo se impulsara sobre la base de un amplio compromiso institucional y popular; que este se reforzara con un dossier de candidatura impecable, y que no se olvidara, como ha ocurrido esta vez, que el movimiento olímpico se relaciona con valores solidarios y universales.c
El fiasco de la candidatura pirenaica invita a actuar de otra manera en el futuro