Primer juicio de la macrocausa contra el exalcalde de Torredembarra

escrito de recurso en el juzgado.

Alegan que debe de prevalecer el derecho de las víctimas a exigir que se aplique el Código Penal al presunto agresor, para que se le juzgue, y se paralice mientras tanto el proceso de petición de eutanasia. Encaso contrario, sostienen que las víctimas quedarían desamparadas.

Fuentes jurídicas conocedoras del caso prevén que la jueza no tomará una decisión sin antes pedir al médico forense que evalúe el caso. Sobre la mesa, el informe del comité médico que tras reunirse y estudiar el caso decidió que Sabau, de 46 años, sí cumple con los requisitos para pedir una muerte asistida.

Algunas de las víctimas del exvigilante de seguridad todavía no han decidido si recurrirán. Los tres excompañeros tiroteados a sangre fría por su excompañero la mañana del 14 de diciembre del 2021 han sufrido importantes secuelas, físicas y psicológicas. Los hechos se produjeron en las dependencias de la sede de la empresa Securitas Seguridad en Tarragona. El entonces gerente de la compañía, que recibió varios impactos de bala, estuvo ingresado en estado crítico.

Lo más previsible, según explican fuentes jurídicas conocedoras del caso, es que se haga prevalecer la ley de la eutanasia y el derecho a pedir morir de forma asistida. Una de las dudas que podría plantearse, si se llega a debatir jurídicamente a fondo la cuestión, es si el exvigilante, ingresado en un hospital penitenciario de Terrassa a la espera de que se cierre la instrucción y sea juzgado, haya pedido morir “bajo una presión externa”. Influenciado, pues, por su deseo de no ser juzgado y condenado a una larga pena.

El comité médico certifica, en el escrito que ha remitido el facultativo al juez, que el acusado presenta una “lesión medular incompleta, con una importante dependencia y dolor neuropático” y que “expresa y reitera su idea de continuar con la tramitación de la eutanasia”. El equipo médico informa que se ha decidido autorizar la petición y se lo comunica a la jueza.

El vigilante vivía en un piso de Alcover (Alt Camp) cuando se armó, se disfrazó y se traslado en coche hasta su antigua oficina para vengarse de sus antiguos jefes.c

El esperado juicio de la primera investigación de la macro causa por presunta corrupción abierta contra Daniel Masagué, exalcalde de Torredembarra (Tarragonès), empezó ayer en la Audiencia de Tarragona con la declaración del secretario del Ayuntamiento. El caso estalló ocho años atrás y fue donde se destapó públicamente la investigación del caso del 3% de financiación ilegal de la antigua Convergència.

El secretario, Rafael Orihuel, declaró ayer ante el tribunal que él mismo alertó de irregularidades en la contratación del alquiler de dos locales municipales. El funcionario público aseguró que Masagué no respetó su cometido institucional. Orihuel añadió que los contratos de alquiler de los locales hechos sin concurso público no estaban justificados.

Junto a Masagué, que siempre ha defendido su inocencia, también se sientan en el banquillo de los acusados otros trece excargos públicos municipales, incluidos varios exconcejales. En los expedientes de contratación de los alquileres tampoco se precisaba a qué uso se querían destinar los dos locales. Los hechos se remontan al 2011. También declaró en el primer día del juicio Enric Grangel (PSC), exedil y exalcalde de Torredembarra. Fue él quien denunció el caso, junto a Montserrat Gasull (ERC), ya fallecida, en la Oficina Antifrau de Catalunya. Grangel explicó que si denunció el caso fue porque detectó irregularidades. El fiscal pide una pena de cuatro años y medio de cárcel para Masagué y nueve años más de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.c

La magistrada deberá valorar si prevalece el derecho a pedir morir o la tutela judicial de las víctimas