Particulares piden al Consistorio que deje alquilar habitaciones tras el fallo del TSJC
Nuevo embrollo judicial en torno al alquiler de habitaciones por días en la propia vivienda. Particulares exigen al Ayuntamiento de Barcelona que les permita realizar esta práctica este verano, que no les ponga multas.
La asociación Veïns i Amfitrions realiza esta petición al gobierno de la alcaldesa Ada Colau luego de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anule la parte del decreto de Turismo de la Generalitat que regula esta controvertida actividad y traslada a los ayuntamientos la competencia en cuestión. El Consistorio, sin embargo, no parece muy dispuesto a dar su brazo a torcer. Tampoco la Generalitat.
El abogado Dylan Tarín, presidente de esta entidad de personas que acostumbraban a acoger turistas en su propio domicilio de tanto en tanto, entiende que el veto el municipal a esta actividad venía amparado por la parte del decreto de la Generalitat ahora anulado, y que, por tanto, el Consistorio no puede multar a estas personas, al menos hasta que la nueva normativa sea aprobada.
“En realidad nos encontramos de nuevo en una situación de alegalidad –abunda Tarín–. Mucha gente no está alquilando habitaciones porque tiene miedo de que el Ayuntamiento le multe. Esperamos que la Generalitat y el Ayuntamiento se pongan en contacto con nosotros para que nos aclaren qué va a pasar este verano. Si recurren nosotros solicitaremos la ejecución provisional de la sentencia, y la gente podrá alquilar habitaciones este verano”.
El Ayuntamiento de Barcelona responde que la sentencia no es firme, y queda a la espera de que la Generalitat la recurra. “Únicamente queremos destacar que todo nuestro marco continúa vigente”.
La Generalitat anuncia que recurrirá la sentencia y destaca que responde a un defecto de forma
Fuentes del Departament de Empresa i Treball anuncian que la Generalitat recurrirá la sentencia del TSJC, y recuerdan que el fallo se refiere a un defecto de forma, y no de fondo. “El compromiso del departamento es firme: establecer un régimen jurídico para todas las actividades económicas de alquiler turístico desarrolladas en viviendas. La oferta alegal facilita el realquiler de pisos sin conocimiento del propietario, la competencia desleal, un descenso de la calidad del destino, la facilitación del fraude, la vulneración de las normas urbanísticas, el empeoramiento de la seguridad y, además, imposibilita garantizar los derechos de las personas consumidoras”.c