El comité del golpe al Capitolio abona el terreno para poder imputar a Trump
Las audiencias del Congreso aportan pruebas de delitos, según numerosos juristas
Ya no hay duda, y sí abundantes pruebas y abrumadores testimonios. Donald Trump presionó al vicepresidente Mike Pence para que anulara el resultado de las presidenciales pese a que tanto los responsables de la Fiscalía como sus asesores le advirtieron de que la acción era ilegal y el argumento de un supuesto fraude electoral, “una locura”. Además, el expresidente y los suyos intimidaron, insultaron y amedrentaron a numerosos altos cargos republicanos y empleados electorales de Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania para que alterasen las votaciones y de ese modo impidieran la proclamación de Joe Biden como ganador de la carrera. Trump, finalmente, “encendió la llama” del mayor intento de golpe contra la democracia estadounidense al instigar a las hordas que el 6 de enero del 2021 ocuparon el Capitolio con el resultado de nueve muertes. Todo ello ha quedado acreditado en las primeras cuatro audiencias del comité que investiga el 6-E en el Congreso. De ahí que cada vez más fiscales, exfiscales, parlamentarios y juristas defiendan la imputación de Trump por graves delitos penales.
La clave para poder procesar al anterior presidente está en demostrar que sabía lo que hacía. En palabras del exfiscal federal y profesor de Derecho Samuel Buell, “debe demostrarse que sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto y no tenía base legal”: algo que tanto el exfiscal general Bill Barr como su propio abogado y presunto cómplice John Eastman le dijeron directamente, según lo declarado en el comité.
El constitucionalista Erwin Chemerinsky, decano de Derecho en la Universidad de California, Berkeley, era hasta hace poco reticente ante el que sería el primer enjuiciamiento penal de un presidente de EE.UU., porque “inflamaría aún más nuestra ya profundamente polarizada sociedad”. Ahora, sin embargo, Chemerinsky cree que “las audiencias del comité del 6-E han mostrado que el Departamento de Justicia (y Fiscalía General) debe presentar cargos criminales contra Trump”.
En una reciente sentencia para obligar a Eastman a entregar 159 documentos al comité, el juez federal David Carter consideró “más probable que improbable” que el abogado y el propio Trump cometieran los delitos federales de conspiración para defraudar a EE.UU. y obstrucción de un procedimiento del Congreso: dos cargos a los que muchos letrados añaden el de conspiración sediciosa.
En una de las sesiones de la comisión, la demócrata Zoe Lofgren abrió una nueva línea de incriminación: la pista del dinero relativa a la que llamó “la gran estafa” de Trump con su campaña para crear un fondo destinado a combatir legalmente el supuesto fraude electoral. El fondo “nunca existió”, pero el líder recaudó 250 millones de dólares que desvió tanto a su campaña política no oficial, Save America, como a sus negocios personales, dijo Lofgren.
El fiscal general Merrick Garland tendrá ante sí un dilema diabólico si acaba considerando que, además de pruebas, hay elementos jurídicos para llevar a juicio a Trump: imputarle y evitar un precedente demoledor para el Estado de derecho del país, o desistir de ello para, quizá con invocación legal del interés general como sugieren algunos juristas, sortear el riesgo de un conflicto político y social de consecuencias impredecibles. De momento, Garland se lo está pensando mientras aguarda al fin de la investigación.c
Si al final ve elementos para ir a juicio, el fiscal general se verá ante un dilema diabólico entre la ley y la estabilidad