BPA denuncia la “campaña ilegal” que le llevó al cierre

Los hermanos Ramon e Higini Cierco, antiguos propietarios de Banca Privada d’Andorra (BPA) y de su filial Banco Madrid, hicieron público ayer un comunicado en el que denuncian haber sido víctimas de “una campaña ilegal de desprestigio lanzada conjuntamente por las autoridades andorranas y españolas”, que acabó con el cierre del banco. Por esta operación acaba de ser imputado por una juez de Andorra el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, dos ministros y varios altos mandos policiales. BPA cerró después de una alerta del Fincen americano –el sistema contra la financiación del terrorismo–, a su vez supuestamente alertado por las autoridades policiales españolas. El consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, grabó el chantaje al que le sometió el agregado de interior de la embajada, Celestino Barroso. En su nota, los banqueros dicen que España y Andorra “intentaron sabotear a BPA. BPA era el único banco con propietarios fuera de la élite andorrana y fue convertido en un chivo expiatorio para proteger a otros bancos del escrutinio internacional”. / que Alicia Sánchez-Camacho sería inductora y colaboradora necesaria–, malversación de caudales públicos y organización criminal. Giró, junto a otros empresarios y políticos, fue incluido en una lista que elaboró la entonces presidenta del PP catalán y que entregó a Villarejo, rostro visible de las cloacas del Estado, para que le investigara, por ser independentista. “No es normal ni podemos aceptar vivir en un Estado en el que un mando policial en activo, que depende del ministro del Interior, recibe instrucciones de un cargo político del PP”, lamentó ayer jaume Giró. / públicos y de atentado contra la autoridad. La sentencia tiene en cuenta el testimonio “absolutamente concluyente” de dos mossos d’esquadra y considera probado que Aitken movió contenedores, les prendió fuego y lanzó piedras contra los agentes de la policía catalana durante la segunda jornada de manifestaciones para exigir la libertad del rapero. El joven estuvo en prisión preventiva durante un mes con el argumento de que el Reino Unido es un país externo a la Unión Europea desde el Brexit y había riesgo de fuga. Aitken niega los hechos y asegura que su presencia en el lugar de los altercados se trataría de un “error”. /