El Supremo de EE.UU. facilita el uso de armas al anular el límite de Nueva York
La mayoría conservadora del Tribunal rechaza que se acote la segunda enmienda
En pleno luto por las matanzas de 19 niños y dos maestras en Uvalde (Texas) y de otras 10 personas en Búfalo (Nueva York), el Tribunal Supremo de EE.UU. anuló ayer la ley del estado neoyorquino que supeditaba la concesión de una licencia para llevar armas fuera del hogar a que existiera una “causa justificada” vinculada a un peligro para la propia vida. El Alto Tribunal adoptó la decisión con los votos favorables de los seis magistrados de la mayoría conservadora, frente a los negativos de los tres considerados progresistas.
La sentencia amplía el derecho a portar armas mediante una interpretación contraria a limitar la segunda enmienda de la constitución que reconoce la prerrogativa.
La demanda, respaldada por la Asociación Nacional del Rifle, fue presentada por dos hombres a quienes se les denegaron las licencias en Nueva York. Alegaron que el estado “hace que sea virtualmente imposible que el ciudadano ordinario respetuoso de la ley obtenga un permiso de armas”.
La normativa anulada, conocida como ley Sullivan, databa de 1911. En aquel entonces, “en las avenidas de los lados este y oeste de la ciudad los revólveres se vendían como pan caliente y casi igual de baratos”, según descripción de The New York Times aquel año.
El texto, enmendado sustancialmente en 1913, imponía el requisito de “causa adecuada”, más allá de no tener antecedentes penales, para poder portar armas de fuego ocultas en lugares públicos. Los solicitantes de una licencia habían de convencer a las autoridades de que tenían una necesidad de defensa propia concreta y real, no hipotética o especulativa.
Ahora, cuando a raíz de los últimos tiroteos masivos el Congreso se dispone a sacar adelante ciertas restricciones al acceso a las armas, pactadas entre los dos partidos, el Supremo considera que la limitación del estado de Nueva York vulnera la segunda enmienda. Según el ponente de la resolución, el magistrado Clarence Thomas, el célebre precepto constitucional (a “poseer y portar armas”) protege “el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar”.
Aduce Thomas que no existe “ningún otro derecho constitucional que un individuo pueda ejercer solo después de demostrar a los funcionarios del Gobierno alguna necesidad especial”. De modo que la restricción de Nueva York es inconstitucional porque “impide que los ciudadanos respetuosos de la ley con necesidades ordinarias de autodefensa ejerzan su derecho a poseer y portar armas”, añade el redactor de la sentencia con apoyo de sus cinco compañeros conservadores.
Thomas añade que la ley neoyorquina viola asimismo la decimocuarta enmienda de la Constitución, sobre el derecho de los ciudadanos a la igualdad de protección ante la ley.
El fallo de la máxima autoridad judicial de EE.UU. tiene muy amplias repercusiones. No solo afecta al estado de Nueva York sino también a los de California, Hawái, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island, todos ellos con leyes similares –según los escritos presentados al tribunal– si bien falta por conocer el impacto exacto de la sentencia sobre esas otras legislaciones. El veredicto viene a disuadir además a cuantas cámaras de otros estados estén preparando –en reacción a la ola de violencia en el país– leyes equiparables a la ahora anulada.
El juez progresista Stephen Breyer, uno de los tres disidentes, escribió un voto particular en el que recordó la ingente cantidad de víctimas causadas por la violencia armada en EE.UU.: “Solo en lo que va de este año se han reportado 277 tiroteos masivos, una media de más de uno por día”.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, opinó por su parte que la decisión “no es solo imprudente sino reprobable”. Y “no es lo que quieren los neoyorquinos”.
El efecto de la decisión del Supremo puede tener un mayor alcance, pero en sentido inverso, que el de las medidas restrictivas acordadas entre demócratas y republicanos en el Congreso, ya a punto para aprobarse salvo sorpresas. Se trata de endurecer los controles de antecedentes para los compradores de armas más jóvenes; de exigir que más compradores realicen tales comprobaciones, y de aumentar las sanciones a los traficantes de armas. El paquete legislativo contempla además la financiación de iniciativas de seguridad escolar y salud mental en estados y comunidades.
Un paso adelante, dos atrás.c
El fallo, aprobado por la mayoría de 6 a 3 a favor de los conservadores, llega en pleno luto por las últimas masacres