Fin de curso con asignatura pendiente

Ha terminado el curso escolar 2021-2022. Y lo ha hecho en una atmósfera enrarecida, en buena medida debido a las malas relaciones entre el conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, y la comunidad educativa. Acaba pues el curso, pero queda alguna asignatura pendiente, y no es menor. Hay más: desde la conselleria se anuncian nuevas medidas para el próximo curso, todavía sin concretar, que hacen temer a los docentes nuevas imposiciones.

El conseller Gonzàlez-Cambray asumió su cargo en mayo del 2021, en una coyuntura muy condicionada por la pandemia, que llevaba más de un año entre nosotros y no daba entonces muestras de estar a punto de remitir. En esta circunstancia, cuando la comunidad educativa andaba ya muy estresada, apareció el conseller con un programa reformista que se tradujo en una sucesión de cambios, percibidos por los docentes más como un obstáculo que como una ayuda a su labor. Dicha sucesión llegó al culmen en febrero, cuando Gonzàlez-Cambray y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciaron solemnemente reformas de calado, como el adelanto de una semana del inicio del próximo curso escolar 20222023. La comunidad educativa recibió ya dicha decisión como una afrenta. Principalmente porque consideró que era una medida unilateral, que se había tomado sin evacuar consultas previas con el sector.

Hay que recordar que el malestar de dicha comunidad profesional tenía otras bases anteriores, algunas importantes, como eran los recortes propiciados por la crisis económica, y que se arrastraban desde hacía dos lustros, precarizando la posición de los enseñantes y amenazando la calidad de su labor.

Gonzàlez-Cambray consiguió con sus medidas algo infrecuente: poner de acuerdo a directores de centros escolares –aliados tradicionales de la conselleria–, profesores, sindicatos y familias del alumnado, que seguían manteniendo algunas discrepancias entre ellos, pero descubrieron su sintonía a la hora de oponerse a Gonzàlez-Cambray. De ahí se derivaron protestas y huelgas, que ya se llevaron a cabo. Y en el horizonte se perfilan ahora otras, mientras se exige a Educació más rigor y planificación.

Desde febrero hasta ahora, las cosas no han mejorado. La comunidad educativa considera que la mayoría de sus reclamaciones no han sido atendidas. Por ejemplo, en el asunto de los nuevos currículos, que permiten pasar de curso a alumnos que según criterios del profesorado no alcanzan el nivel requerido. Por no hablar del tema del catalán y la sentencia del 25% de castellano, que tensa un poco más, esta vez con debates de propósito político, a una comunidad educativa ya muy estresada.

La educación es una responsabilidad central de todo gobierno. Y, naturalmente, es comprensible que el Govern introduzca reformas con el propósito último de reducir el fracaso escolar. Pero no puede hacerlo sin escuchar a quienes trabajan cada día a pie de aula y conocen al dedillo los problemas que deben afrontar y superar, a menudo en condiciones que distan de ser óptimas. Su conocimiento de la cuestión, en tanto que colectivo profesional, es difícilmente superable. Por ello el conseller González-Cambray, en cuyo expediente, digámoslo todo, hay logros como la gratuidad de P2, tiene que adoptar otra actitud en sus relaciones con el sector ante el próximo curso escolar. Esa es su asignatura pendiente. Y es necesario que la apruebe si no quiere que el sector entre en otro curso tan tormentoso como el que acaba de terminar.c

Gonzàlez-Cambray debe dialogar más con los educadores en el próximo curso escolar