Códigos de salud contra disidentes chinos
Con la pandemia por la covid, China ha hallado la excusa perfecta para perfeccionar sus ya importantes instrumentos tecnológicos para rastrear a la población. Un supuesto mejor control de la enfermedad le ha servido al Partido Comunista de China (PCCh) para profundizar su control de la población. Herramientas que no solo emplea para acallar protestas sociales por las restricciones de la pandemia, sino para vigilar otras amenazas como la corrupción y, sobre todo, el control de la disidencia política.
Mediante el control de los registros del código QR de salud digital, cuyo uso es obligatorio y que, con los colores rojo, amarillo y verde, indica el nivel de exposición a la covid, las autoridades pueden rastrear la ubicación de los ciudadanos. Esa expansión de la vigilancia facilita aún más que el PCCh pueda neutralizar las protestas ciudadanas o las actividades de los disidentes. Las negativas a aceptar las draconianas restricciones impuestas en las ciudades por la política de covid cero han provocado una ola de detenciones de quienes critican esas medidas. El espacio no ya para la disidencia, sino siquiera para la discrepancia social, se ha reducido al mínimo bajo el autoritarismo de Xi Jinping.
Ciudadanos chinos han visto estas últimas semanas como cambiaba a rojo su código QR de salud en sus móviles, lo que les impedía viajar a otros territorios y acceder a los edificios y transportes públicos. Muchos de ellos, en la provincia de Henan, pretendían ir a su entidad bancaria para retirar su dinero tras darse a la fuga el mayor accionista de cuatro bancos rurales y se les prohibió desplazarse con este cambio de código a rojo, pese a dar negativo por covid.
Organizaciones de derechos humanos y oenegés llevan tiempo advirtiendo que China está utilizando su sistema tecnológico de rastreo sanitario contra la pandemia para reprimir, controlar o prohibir el movimiento de disidentes y las protestas sociales.
El Gobierno ha prometido que protegerá la privacidad de los datos que controla. Incluso ha admitido que ha habido 1.317 personas afectadas por cambios ilegales en su código de salud y ha sancionado a cinco funcionarios locales, pero muchos ciudadanos ya asumen que las autoridades pueden conseguir cualquier información que deseen sin importar las reglas. Las redes sociales recogen críticas contra las autoridades locales por usar con finalidad política una herramienta diseñada para proteger la salud de los ciudadanos. Con todo, y por razones fácilmente entendibles, solo ha habido alguna denuncia aislada.
La dictadura china no tiene reparos en usar su Gran Hermano para incrementar su vigilancia de la población.c
Pekín usa su sistema de rastreo sanitario para acallar protestas y controlar a opositores