La maniobra de Sánchez para renovar el TC añade más tensión con Podemos
UP protesta por una iniciativa que el PSOE ni consultó ni comunicó a sus socios
Diez días antes de que el PSOE y Unidas Podemos sufrieran sendos duros correctivos en las elecciones andaluzas, Pedro Sánchez ya advirtió de cuál es, a su juicio, el principal responsable de la desmovilización de la izquierda y de que el Gobierno no rentabilice su gestión en las urnas, más allá del incansable “ruido” de las derechas y las constantes “turbulencias” que provocan la sucesión de crisis globales. “Que nos afanemos, en algunas ocasiones más de lo debido, en subrayar las diferencias y no las alianzas a favor de las conquistas sociales”, reprochó Sánchez a su socio de coalición en el Ejecutivo.
Las urnas andaluzas emitieron el pasado domingo su implacable sentencia, pero el PSOE y Unidas siguen enfrascados en sus discrepancias sin solución de continuidad. Dispuesto a retomar la iniciativa y el protagonismo en todos los frentes tras la debacle electoral en Andalucía –desde la carpeta catalana reabierta el pasado miércoles con la Generalitat, al plan para intentar contener la inflación que hoy mismo aprobará un Consejo de Ministros extraordinario–, Sánchez tensa la cuerda con Alberto Núñez Feijóo... pero también con su socio de coalición.
El PSOE registró así ayer en el Congreso su iniciativa para impulsar una nueva reforma exprés de la ley orgánica del Poder Judicial, que le permita a su vez renovar el Tribunal Constitucional (TC) sin la concurrencia del Partido Popular, formación a la que acusa de bloquear todo acuerdo al respecto desde hace tres años y medio.
Pero la iniciativa tampoco contó esta vez con el consenso de Unidas Podemos porque, de hecho, el grupo socialista no solo no consensuó el contenido de la iniciativa con su socio de Gobierno, sino que ni siquiera le avisó hasta el momento mismo en que la hizo pública.
Sánchez, ayer desde Bruselas tras participar en el Consejo Europeo, obvió esta nueva discrepancia con su socio de coalición, para poner el acento en la actitud obstruccionista que achaca al PP. Quien avisa no es traidor, vino a replicar ante las duras críticas expresadas por Feijóo. En la primera reunión que ambos mantuvieron en la Moncloa, recordó el jefe del Ejecutivo, le trasladó al líder de la oposición que el 12 de junio vencía el plazo para la renovación de cuatro de los magistrados del TC. “Desgraciadamente, llevamos 36 meses de bloqueo por parte del PP, 32 meses con Casado y cuatro meses ahora con Feijóo”, lamentó. E insistió en denunciar que el principal partido de la oposición sigue instalado en una suerte de “rebeldía constitucional”, al mantener en el aire la renovación del órgano de gobierno de los jueces y ahora también la del TC. Todo ello, además, “en un momento tan grave como el que estamos viviendo, en el que necesitamos reforzar las instituciones, su legitimidad y su credibilidad”. Pero advirtió que no está dispuesto a que el TC sea “otro rehén más” del PP, motivo por el que justificó la iniciativa socialista.
Sin darse por aludido ante las críticas que también lanzó de inmediato su socio de coalición, y mientras prosiguen las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos sobre el alcance del plan anticrisis que hoy aprobará el Consejo de Ministros, Sánchez insistió en que el Gobierno “garantiza” la estabilidad política e institucional en España, y advirtió que ni la coalición gubernamental ni la legislatura están en riesgo. “Por mucho ruido y muchas turbulencias que haya, provocadas o no provocadas, este Gobierno tiene una hoja legislativa de transformación y de protección social que nadie puede cuestionar”, alegó. Y zanjó: “La legislatura acabará cuando tiene que acabar, en diciembre del 2023”.
En sentido estricto, el grupo de Unidas Podemos no se opone a la reforma que han lanzado
El jefe del Ejecutivo elude discrepancias en la coalición, defiende su hoja de ruta y reitera que agotará el mandato
los socialistas porque ni siquiera la ha estudiado aún. Y ayer, fuentes del grupo parlamentario confederal evitaban cargar las tintas contra el PSOE para no enturbiar la complicada negociación del decreto anticrisis.
De cualquier modo, la posición de Unidas Podemos respecto a la renovación de los órganos constitucionales es bien conocida desde hace dos años, pues la explicó el entonces vicepresidente Pablo Iglesias: una reforma legal que simplifique todas las mayorías cualificadas pensadas para un marco de bipartidismo y acabe con la capacidad de veto del PP. Pero no solo en el TC, sino también en el Consejo General del Poder Judicial. Cuando el PSOE aprobó la reforma que reducía el poder de un CGPJ con el mandato prescrito, Iglesias advirtió que ese parche no iba a solucionar la situación y que el PP mantendría su obstruccionismo.c