Esta mesa no es una mesa
La presidencia de Pedro Sánchez está marcada por Catalunya desde la moción de censura y después por el necesario apoyo de ERC. Solo en momentos puntuales ha tirado del apoyo de otros grupos, pero está claro que la gobernabilidad sigue pasando por el cauce de ERC, por más que el río ande siempre revuelto. Si Catalunya es el telón de fondo de los mandatos de Sánchez, la mesa de diálogo es el foco que ilumina el escenario. Sin ella, sus protagonistas saben que solo hay fundido en negro.
Lo de la mesa de diálogo es como lo del gendarme de Casablanca que se escandaliza porque en el local de Rick se juega. Sus pretendidas metas están más lejos de lo que la política da de sí hoy. Sus participantes lo sabían desde el principio. Pero eso no significa que la mesa no sirva para nada. Si ahora se cumple un año de la salida de prisión de los doce condenados por el Supremo es en parte porque existe ese instrumento. Si la sociedad y la política catalanas han recuperado la normalidad es gracias a la apuesta por ese diálogo que mantienen ERC y la Moncloa. Sin duda, la situación sería peor sin ella. Si la mesa es un fracaso o no depende de lo que cada uno espere (o haya vendido) y allá cada cual con sus expectativas.
¿Para qué sirve la mesa de diálogo? El independentismo la vendió como la forma de conseguir lo que no se había logrado por la vía unilateral. Pero creer que de aquí saldría la amnistía y un referéndum de independencia es de una tremenda candidez. ¿Por qué motivo el PSOE, contrario a esas dos demandas, tendría que ofrecerlas para dar satisfacción a partidos rivales?, ¿cómo lo justificaría ante sus propios electores? En el plano político, la mesa se planteó un objetivo que ambas partes sabían difícil, casi imposible a corto plazo, como es encontrar una propuesta común que se vote en Catalunya. El independentismo explicó a los suyos que podría ser un referéndum con una opción defendida por el PSOE y otra que fuera la secesión. Y los socialistas interpretaron ante la propia parroquia que se podía modificar el Estatut y votarlo. En todo caso, el PSOE no someterá a un referéndum nada que no sea defendido también por ERC porque saben que eso sería un plebiscito encubierto sobre la independencia. Así que ese recorrido es el que es. Tendente a cero.
Pero sobre la mesa se ponen más asuntos perentorios y nada menores. ERC lo llama “acabar con la represión” y mejorar la calidad de la democracia. Y ahí hay mucho que hacer. Primero se trata de revertir algunas de las consecuencias judiciales del otoño del 2017. Además de los indultos, Sánchez ha sido partidario desde el principio de modificar los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal. Si no se ha aplicado es por dos motivos: primero porque algunos de sus colaboradores, entre ellos Carmen
Calvo, le insistieron justo antes de los indultos en que se guardara ese as en la manga. Y segundo, y más importante, porque ERC, cuyo apoyo es necesario para aprobar esa modificación, no lo veía claro. En cambio, en la reunión de esta semana entre el ministro Félix Bolaños y la consellera Laura Vilagrà se ha abierto esa puerta a la propuesta de ERC.
No es una vía sencilla porque la intención del Gobierno siempre ha sido rebajar las penas por rebelión y sedición, pero crear una versión agravada de la desobediencia. Este último delito comporta ahora multas o inhabilitación, de tal forma que casi se equiparan las penas a Artur Mas por organizar el 9-N que las de Quim Torra por no descolgar una pancarta. Los cambios, que beneficiarían a los acusados de rebelión o sedición, como Carles Puigdemont o Marta Rovira, podrían perjudicar a otros pendientes de juicio por desobediencia, como los consellers Roger Torrent y Natàlia Garriga ,o los dirigentes de ERC Lluís Salvadó o Josep Maria Jové. Así que, aunque los republicanos accedan a explorar esa vía, la negociación será ardua.
Existe otra línea de actuación. Sánchez supo desde un principio que uno de sus principales retos sería renovar una cúpula judicial herencia de los años del PP, con sus principales órganos en manos de los conservadores, que se resisten a cambiarlos. La mayoría parlamentaria actual podría tratar de buscar alternativas. Se ha conseguido cambiar la composición del Tribunal de Cuentas y el resultado ya es evidente: ese organismo, antes muy beligerante contra los independentistas, ha aceptado ahora el aval del Institut Català de Finances para cubrir las fianzas por la causa sobre la acción exterior del procés. Los frentes abiertos son muchos. La Sala de lo Contencioso del Supremo, que ha sufrido algunos cambios en su composición que la han decantado hacia la derecha, tiene que decidir sobre los indultos. Y, en el hipotético caso de que éstos se cuestionaran, los afectados podrían recurrir en amparo al Constitucional, justo donde Sánchez trata de dirimir otra batalla para que la mayoría de sus miembros pase a ser progresista. Si a alguien le escandaliza todo esto, que mire lo que está pasando en EE.UU. con el aborto.
La mesa permite además una relación de bilateralidad entre los gobiernos central y catalán, algo que también altera a algunos, pero que existió muchos años entre CiU y la Moncloa, fuera ésta del PP o del PSOE, para negociar intereses territoriales. Es obvio que los resultados de la mesa podrían ser mucho mayores. Y es ERC la que sufre la presión de lograr efectos más llamativos. Pero los protagonistas del diálogo, sea Sánchez, ERC o incluso Junts en algún momento, saben que esta mesa, por ahora, no es en realidad una mesa, sino más bien una pista de aterrizaje del procés. Que no es poco.
Para el Gobierno y para ERC, seguir afrontando las consecuencias judiciales del 2017 es aún un asunto crucial