“Las mafias no distinguen, es la ley de la selva”
“Cuando compramos un
■ piso debemos correr para que no revienten la cerradura y entren; el sistema falla y además se ha instalado la idea de que ocupar es correcto, pero no lo es. Y las mafias, los que venden las llaves, no distinguen entre un piso de una entidad social y el de un gran tenedor, esto es la ley de la selva”, denuncia Carme Trilla, presidenta de Hàbitat3 y del Observatori Metropolità de l’Habitatge. Cada semana llegan a Càritas de Barcelona dos o tres casos de personas que cuentan haber sido víctimas de estafas, que bandas dedicadas a romper puertas les han cobrado 2.000 o 3.000 euros por acceder a un techo. No todas son conscientes de que están entrando en una propiedad ajena. Un hombre recién llegado de Colombia con su familia leyó un anuncio en un locutorio del Carmel: “Si quieres un piso llámame”. Así lo hizo, pagó 2.000 euros como fianza y tres días después de instalarse llegó la propietaria, una vecina del barrio, que interpuso una denuncia por usurpación. El hombre intentó contactar con el sujeto que le proporcionó el inmueble sin éxito. Cabe recordar que el año pasado se presentaron 7.345 denuncias por usurpación y allanamiento de morada en Catalunya, según datos del Ministerio del Interior. acusar de coacción para que se marchen”, añade con impotencia Mauri.
Hàbitat3 gestiona 900 pisos en Catalunya, de los cuales 177 son de su propiedad; 470 de particulares, y el resto de ayuntamientos y de la Agència Catalana de l’Habitatge. Los inquilinos pagan un alquiler, que oscila entre los 50 y los 500 euros al mes, en función de sus ingresos, aunque la media se sitúa en los 150.
“Las ocupaciones por parte de ciudadanos con pocos recursos nos ponen ante contradicciones muy profundas, pero no podemos dejarlas pasar; es necesario una mejor gestión de los inmuebles que están vacíos. En España aún estamos en alrededor del 2% de vivienda social frente al 15% de Europa”, añade.
Hàbitat3 y otras organizaciones tienen que lidiar como pueden con esta tendencia y destinar más recursos para intentar evitar la usurpación de sus edificios. En el caso de Hàbitat3, 150.000 euros para puertas antiocupas, demasiadas veces rotas, y sistemas de alarma. “Hay semanas que intentan entrar en tres, otras en ninguno... Los fines de semana es el momento más peligroso”, dice Mauri, consciente de que es muy difícil luchar contra delincuentes altamente especializados en violar cerraduras.
Otra entidad, que pide mantenerse en el anonimato, se ha visto obligada a cerrar su proyecto de inclusión de mujeres por incumplir las condiciones: una vez finalizado el plazo concedido para residir en una vivienda social algunas se negaron a marchar y cambiaron la cerradura, también declinaron pagar los suministros y otras facturas, que han tenido que asumir las exiguas arcas de la organización.n