Hay constancia documental de que el local se dedicaba al sector del calzado al menos desde 1950

nía derecho a dos subrogaciones en las condiciones contractuales cuando se realizó la compraventa del negocio en 1984, según la ley de arrendamientos urbanos de entonces. Mientras tanto, a principios del 2000 hubo un cambio de propiedad y pasó a manos de una sociedad. La conocida como ley Boyer de 1995 estableció que los alquileres antiguos se extinguirían a los veinte años o después de la muerte de los primeros subrogados. Tras no llegar a un acuerdo con el nuevo titular –le subían el alquiler más del triple– el asunto acabó en los juzgados.

Después de años de batalla judicial, la sentencia ya es firme y favorable a la propiedad. “Lo que me parece vergonzoso es que haya una ley con efecto retroactivo. Genera una inseguridad legal extraordinaria”, advierte. El 30 de junio deberá abandonar voluntariamente el local y sino el 4 de julio de forma obligatoria. “Ya me iré antes para evitar que los Mossos me echen”, comenta resignado. El negocio se incluye dentro del catálogo de protección patrimonial de establecimientos emblemáticos que el Ayuntamiento elaboró en el 2015, pero no evitará su cierre definitivo y se desconocen los futuros usos. “En el fondo supone una protección virtual más que real”, afirma Iglesias. Estos días busca un local por la zona aunque de momento sin fortuna ante los elevados precios de los alquileres.

A pesar de que ganó el concurso municipal de unos bajos de protección oficial para abrir un comercio de proximidad en Ciutat Vella, el establecimiento no está disponible ya que hay que acondicionarlo. “Me dijeron que a lo mejor estaba para el primer o segundo trimestre del 2023, pero no puedo esperar. Compro el género con nueve meses de antelación”, lamenta. “Cierro una etapa vital muy dura. No puedo hacer nada más. He luchado lo que he podido. Yo pierdo, pero Barcelona también”, concluye emocionado.c