El Estatut arriba a la costa gallega
La Xunta blande la sentencia del Tribunal Constitucional para gestionar el litoral sin reformar su Estatuto
De cada cinco kilómetros de costa peninsular española, uno se halla en Galicia. Con un vistazo rápido al mapa esta proporción puede resultar chocante, pues la superficie del territorio gallego supone poco más del 5% de la española. Con una mirada más atenta se vislumbra, por ejemplo, que la boca de la ría de Ferrol, entre los castillos de San Felipe y A Palma, tiene un ancho mínimo de 160 metros, mientras que desde allí en coche hay 14 kilómetros hasta alcanzar el confín de la ría, tierra adentro. Este ejemplo explica la inmensidad del litoral de Galicia en comparación con su tamaño.
Tras 40 años de autonomía, todo este complejo y diferencial universo se gestiona desde la capital española. Ante las futuras restricciones del Gobierno en materia de costas, Galicia pide la transferencia. Madrid contesta que para ello debe reformar su Estatuto. La Xunta replica blandiendo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya.
El mapa de la Península, entero, o sin Portugal como en los del tiempo de la televisión, guarda más sorpresas oceánicas. Pese a su ubicación tierra adentro, de secano, la villa de Madrid cuenta con toda una dimensión marinera. Hasta comienzos de los noventa albergó la única Escuela de Ingeniería Naval de España y el único canal de ensayos hidrodinámicos.
En la capital de España tiene su sede la empresa pública de astilleros, Navantia, cuya principal factoría se halla en la ría de Ferrol. Lo mismo ocurre con Cepesca, la Confederación Española de Pesca, en Madrid, pese a la preeminencia gallega en el sector, reconocida por la Unión Europea con la ubicación en Vigo de la Agencia Europea de Control de la Pesca.
Desde la capital se gestiona directamente toda la costa española, salvo las de Catalunya y Andalucía, mientras que en Baleares y
se negocia la transferencia.
“No queremos que desde Madrid se decida sobre nuestro litoral. Y nadie va a defender mejor nuestra costa y sus gentes que el Gobierno gallego”. Esta frase, pronunciada en la tribuna del
Parlamento gallego el pasado 14 de junio, no es obra de un representante del BNG, sino de una diputada del PP de Galicia, Begoña Freire. Su rotundidad llevó al nacionalista Xosé Luís Bará a instarle con retranca a ingresar en el Bloque, si bien precisó que la llamativa proclama se enmarca, a su juicio, en el intercambio de posiciones de populares y socialistas en función de quién gobierne en Madrid.
En esa sesión, con una unanimidad poco común en asuntos esenciales, el Parlamento gallego reclamó la convocatoria urgente de la comisión mixta de TransfeCanarias rencias para negociar el traspaso de la autopista del Atlántico (AP-9), todo un culebrón que se arrastra desde hace lustros, así como la ordenación del dominio público marítimo terrestre.
Esta última cuestión es una de las prioritarias que el nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quiere plantear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hará, según fuentes de la Xunta, con un argumentario que incluye la sentencia del Estatut .
En ella se acepta la ampliación de las potestades de la Generalitat en materia de costas, porque ya tenía la competencia exclusiva en la cuestión. Y lo mismo ocurrió con el reformado Estatuto andaluz. Como Galicia dispone también de esa competencia exclusiva, los servicios jurídicos de la Xunta afirman que el traspaso es viable sin modificar el Estatuto, como exige el Gobierno central. En el Parlamento gallego el PSOE está de acuerdo con BNG y PP en que no hace falta hacerlo.
El litigio tiene su origen en la elaboración del Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa. Según la Xunta pone en riesgo 4.000 viviendas, 232 empresas y 59 de las 65 lonjas pesqueras gallegas, así como equipamientos educativos y deportivos.
Galicia no recibe una sola transferencia desde el 2008, lo que coincide con todo el periodo de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta. Fue él también quien, sin ningún coste político, bloqueó el amago de reforma estatutaria del 2007, que no llegó a aprobarse. Por eso Galicia es la única comunidad que ni lo ha intentado, pues en Euskadi hubo el plan Ibarretxe. Ahora BNG y PSOE siguen dispuestos, mientras que Rueda afirma que no es prioritario. Hacen falta dos tercios del Parlamento para aprobar esa reforma, inviable ahora mismo. Madrid, villa marinera.c
Para la transferencia, el Gobierno insta a reformar el Estatuto gallego, el único que ni se ha intentado tocar
“No queremos que desde Madrid se decida sobre nuestro litoral”, proclamó una portavoz del PPdG