La ministra Montero agradece el apoyo de Sánchez y pide una tramitación urgente en las Cortes
1. Des e s. Cualquier persona podrá acudir al Registro Civil para solicitar el cambio de sexo registral sin informes ni tutelas.
2. s1 . Podrán realizar la petición por sí mismas, pero asistidas en el procedimiento por sus representantes legales.
. s1 . Se requiere autorización judicial en procedimiento de jurisdicción voluntaria.
. Des ! "#$ %#&'. En ningún caso se solicitarán informes médicos de “disforia de género” o procesos previos de hormonación.
5. E !()*#!e. La persona interesada deberá acudir al Registro Civil y cumplimentar el formulario con respecto al cambio de sexo registral y, si así lo desea, también del nombre. Tres meses después deberá volver para ratificar su solicitud.
. +,e ! !()s. Si alguna persona quiere volver a su sexo registral inicial, deberá realizar el mismo procedimiento a la inversa en una ocasión. En la segunda o sucesivas peticiones requerirá de autorización judicial.
-. De (!e. El proyecto de ley dispone que las administraciones públicas fomentarán una regulación de las competiciones deportivas respetuosa con la diversidad afectiva, sexual y de género.
.. Es%,e s. Se fomentará en los currículos el conocimiento de la diversidad afectiva y de género.
cación del nombre. Tres meses después se deberá ratificar la solicitud, y un mes después debe haberse resuelto por parte de la Administración. En caso de querer volver al sexo inicial, se realizará el mismo proceso la primera vez. Si se repite, requerirá de autorización judicial. Es en torno a la libre determinación de sexo donde se está librando el debate en el feminismo, ya que un importante sector, con amplio apoyo en el PSOE, considera que pone en jaque la lucha por la igualdad. Se entiende que la eliminación del “sexo biológico” niega precisamente que la discriminación estructural de las mujeres se basa en el hecho de haber nacido con sexo femenino.
Según explicó la ministra de con urgencia en el Congreso, abre también las puertas a la autodeterminación de género de las personas extranjeras que en sus países no tengan leyes que se lo permitan. Asimismo, se establecen sanciones en caso de mensajes LGTBIfóbicos, contra las acciones discriminatorias –por ejemplo, en la contratación laboral– o en la negación de acceso a servicios.
El proyecto de ley para la Igualdad de las Personas Trans y la Garantía de los Derechos LGTBI establece asimismo la prohibición de prácticas de modificación genital hasta los 12 años de las personas intersexo. De los 12 a los 16 años se podrán realizar mediante el consentimiento y si estas personas muestran la madurez suficiente.
Tras el duro debate que se ha sostenido, Montero quiso dar las gracias “al presidente y al Consejo de Ministros”. “El Gobierno de coalición está con las personas trans y LGTBI”, subrayó para dejar claro que cuenta con el apoyo de todo el Ejecutivo. Otra cosa será la tramitación en el Congreso, ya que durante estos meses cientos de militantes y cargos socialistas se han agrupado en la plataforma Feministas Socialistas para defender sus posiciones, y ayer ya dejaron claro cuál va a ser su postura.
La norma del Gobierno fue aprobada en vísperas del día internacional del Orgullo LGTBI, y la ministra aprovechó para subrayar que España, al igual que lo hizo en el 2005 con el matrimonio igualitario, se pone a la vanguardia en la defensa de los derechos de las personas y “su derecho a tener la vida que desean”.
Montero ha sacado adelante una iniciativa fundamental en su hoja de ruta. Ahora el debate se traslada al Congreso, donde la exvicepresidenta Carme Calvo –que se enfrentó a Montero– preside la comisión de Igualdad. Al Congreso, y a las filas del PSOE.c
/AS C/A+ES
Mossos a pie, en vehículo o instalados en puntos estáticos velarán por la seguridad en el entorno de las zonas de ocio y en los itinerarios desde estos locales hasta el transporte público o los aparcamientos para detectar a personas vulnerables, ofrecerles ayuda y prevenir posibles agresiones sexuales. Y en esa tarea quieren implicar también a camareros, a personal de seguridad y porteros y a trabajadores de transporte, como los taxistas, entre otros.
Estas son algunas de las iniciativas incluidas en el plan de Prevención de las Violencias Sexuales en Entornos de Ocio de los Mossos d’Esquadra que ayer presentaron el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, la consellera de Igualtat i Feminismes, Tània Verge, y la portavoz de los Mossos, la inspectora Montserrat Escudé.
La Vanguardia ya avanzó el 27 de mayo este plan policial, del que ayer se dieron más detalles y por el que se refuerza la unidad central creada en el 2020 contra los delitos sexuales. Se busca mejorar la prevención y detección de casos, homogenizar los atestados policiales, atender mejor a las víctimas, extender los métodos de investigación que ya aplica la UCAS (la unidad central de agresiones sexuales) a todo el territorio catalán y buscar la complicidad de quienes trabajan en el ámbito del transporte, los hospitales, el sector del ocio nocturno y los hoteleros en la protección de las posibles víctimas.
En un año constan 288 casos de violencia por sumisión química, según la portavoz de la policía catalana
En los próximos días se constituirá un gabinete de coordinación liderado por el comisario jefe con la participación de los altos mandos de los Mossos, a imagen del gabinete de coordinación para la lucha antiterrorista. Con ello se quiere evidenciar la relevancia que se concede a la lucha contra las violencias sexuales. “Trabajamos para que las mujeres sean libres y no valientes, para que nada ni nadie restrinja su libertad”, enfatizó Elena tras admitir que, hoy por hoy, el miedo a sufrir una agresión lleva a muchas mujeres a realizar renuncias, a dejar de practicar deporte, a cambiar de ruta, no ir a determinados lugares o no coger el transporte público.
“Es una realidad viva y dramática de nuestra sociedad y queremos que se denuncie más, que las mujeres confíen en los cuerpos de seguridad”, apuntó el conseller, que recordó que un 12% de las catalanas ha sido víctima de agresiones sexuales y, de ellas, un 9%, de violaciones o intentos de violación.
En este sentido, además de aumentar las patrullas en las áreas donde los datos policiales indican que se dan casos de violencia sexual, se instalarán oficinas móviles de denuncia en lugares de gran afluencia de público para facilitar la atención a posibles víctimas y se establecerán controles y registros en los acceso y salidas de los espacios de ocio para detectar a autores de agresiones o intervenir sustancias destinadas a inhibir la voluntad de posibles víctimas. “Durante el 2021 y hasta el 12 de junio pasado se han recogido 288 casos de violencia por sumisión química y vulnerabilidad química según el relato de la víctima”, alertó Escudé.
Otro de los objetivos del plan es evitar la revictimización de las víctimas, para lo que se adaptarán los protocolos policiales, se especializará a los investigadores de delitos de agresión sexual y se homogenizarán los atestados y el acompañamiento a la víctima asegurándole siempre la presencia de un letrado al denunciar y la atención médica y psicológica que precise. Todo ello, con la intención “de poner a disposición judicial a los autores con las máximas garantías de obtener una sentencia condenatoria”.
Verge anunció que el mes próximo presentarán un nuevo abordaje de las violencias machistas que definirá los estándares de actuación de todas las administraciones públicas y se reforzará el servicio de intervención en crisis ante las violencias sexuales. Incluye una campaña de concienciación para promover la seguridad en el ocio y poner el foco en los agresores y no en la víctima, con el eslogan “sin consentimiento es violencia”.c