El Govern planea mantener los actuales VTC
El decreto ley que se prevé aprobar en julio fija que las licencias con coche asignado puedan trabajar al menos dos años más
Si el próximo 30 de septiembre la Generalitat no ha regulado la actividad de los VTC, a partir de ese día estos coches no podrán prestar servicio en trayectos urbanos. Así lo fija el decreto Ábalos, que el anterior ministro de Transportes impulsó en el 2018 para lograr un alto el fuego en la guerra que el sector del taxi libraba contra los vehículos de alquiler con conductor, que consideran intrusos. Son cuatro años de una moratoria, que está a punto de vencer, pensada para que los titulares de estas licencias pudiesen recuperar la inversión hecha. Una vez completada, las comunidades autónomas serán las competentes para decidir si siguen y en qué condiciones.
El Govern trata de evitar llegar a la fecha tope sin norma propia, lo que comportaría la eliminación de la mayoría de los VTC. Y para ello ultima una regulación que quiere aprobar en julio y, en esencia, mantiene la actual situación durante dos años más prorrogables en otros dos. En cierto modo es una nueva patada adelante motivada por las dudas legales que hay sobre el asunto y por temor a que falten coches en plena reactivación económica.
El texto, que la Conselleria de la Vicepresidència, responsable de las políticas de transporte, tiene prácticamente cerrado, se prevé tramitar como decreto ley, según han explicado fuentes de este departamento. Pasado agosto el Parlament tendrá que convalidarlo, para lo cual habrá que negociar con los grupos. Se ha elegido esta vía, y no una ley, porque hay cuestiones clave que están pendientes del pronunciamiento de la justicia europea. Son la
Rllimitación del número de VTC mediante ratios en relación con el taxi y la obligación de contratar los servicios con un tiempo de antelación.
La regulación prevista por el Govern fija que solo puedan trabajar los titulares de licencias de VTC que tengan vehículo asignado. En Catalunya, la cifra ha ido variando en los últimos tiempos entre 2.500 y 3.000, sobre un total de 4.000 autorizaciones. Pero, según el último dato del registro estatal creado el pasado en febrero, había 1.455 coches activos, de los que más o menos la mitad corresponde a plataformas –los “enemigos” del taxi– y la otra mitad a los servicios tradicionales de empresas, hoteles o similares.
En el departamento que dirige Jordi Puigneró no esperan que esta cantidad del entorno de 1.500 VTC, que consideran razonable en el actual contexto, vaya a crecer mucho. Creen que los que hasta ahora no han prestado servicio porque no les resultaba rentable difícilmente lo harán ahora. Aunque lo que pueda pasar es una incógnita ya que la actividad de transporte, muy mermada por la pandemia, se está recuperando a gran velocidad.
Aspectos ya incluidos en la actual regulación catalana, como la obligación de contratar el servicio con 15 minutos de antelación o la prohibición de captar de viajeros en la calle, se mantienen en el nuevo texto. Y se introducen nuevas condiciones, que en Vicepresidència creen que evitarán que haya más VTC, como que los chóferes deban tener el carnet con un año de antigüedad o que el seguro obligatorio sea equiparable al de los taxis, que tiene más cobertura y un coste mucho mayor. La Generalitat tiene previsto crear una nueva autorización para que estos vehículos puedan prestar servicios urbanos y los entes locales serán los encargados de otorgar las licencias y fijar otros requisitos como los horarios y los descansos, así como su control.c
Uno de los aspectos que más golpean a Catalunya es la inacción de los poderes públicos frente a las necesidades de los ciudadanos. La cosa no va con la ideología de la gente sino con la capacidad de gestión de quienes administran sus intereses. Hemos vivido demasiado tiempo al albur de ideales y poca decisión en las cosas que son importantes para la población. Desde el arranque del credo independentista hasta la actualidad, la gestión del día a día ha pasado a ser un tema secundario, y eso ha perjudicado a todos, incluido a los recalcitrantes votantes de la independencia, aunque ellos no lo sepan.
Por este motivo, toda idea que implique una mejora global hay que recibirla con los brazos abiertos. En los últimos tiempos, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha movido los hilos en aras de ideas globales que pueden sumar intereses positivos para la ciudadanía. Hace unos meses, el vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, lanzó una idea clave que debería contar con mayor reconocimiento para ser aplicada. Planteó un sistema común entre todos los municipios pertenecientes al área para llevar a cabo un plan de seguridad global. No basta en los tiempos que corren que un Ayuntamiento planee un plan contra la delincuencia si los municipios colindantes hacen oídos sordos a tales planes. Vivimos tiempos en los que los problemas de seguridad para los ciudadanos son globales, y no sirven de nada iniciativas estancas de un solo Ayuntamiento. No se trata de crear un
Vicepresidència estima que con la nueva norma catalana la cifra de 1.455 vehículos que hay en servicio no variará mucho
Los problemas de seguridad son globales, no sirven iniciativas estancas de un solo Ayuntamiento
cuerpo policial metropolitano sino de que la totalidad de las policías locales –y también los Mossos– funcionen en la misma dirección.
Hace pocas fechas, el AMB puso sobre la mesa otra idea fundamental para el futuro de la zona. Se presentó la propuesta para la iniciativa económica y la reindustrialización de la zona más poblada y más pujante económicamente de Catalunya. Este plan, en contraposición con el Pacto Nacional por la Industria lanzado por la Generalitat, cuenta con el apoyo de las patronales Foment y Pimec y los sindicatos UGT y CC.OO. Mientras el plan autonómico sigue encallado sin soluciones, el metropolitano cuenta con el apoyo y las voluntades para que aporte cuestiones que ayuden al conjunto del tejido social. Aquí no se trata de medallas para una administración u otra sino de que aporte soluciones para que el grueso de los ciudadanos cuente con salidas que impliquen beneficios tangibles vote lo que vote el beneficiario. Catalunya está en una situación de emergencia respecto a otras comunidades. Quien crea que todavía podemos disfrutar de un pasado en el que toda España hacía genuflexiones con el pedigrí industrial de Catalunya no vive en los tiempos actuales. Ya no somos la punta de lanza que fuimos y por tanto hay que ponerse las pilas para dar soluciones y oportunidades a nuestros residentes y ejemplo a quienes impresionamos en el pasado y ahora no nos consideran como nos gustaría.