La Vanguardia (1ª edición)

Así se gestó la operación clandestin­a de las urnas del 1-O

Jordi Sànchez puso en marcha el operativo mientras ERC y PDECat discutían quién asumía la compra

- Ignacio Orovio Gemma Saura Barcel na

14 de agosto del 2017. Jordi Sànchez, el presidente de la ANC, se baja de un coche en Illa, un pueblo a las afueras de Perpiñán. Falta un mes y medio para el 1-O y una de las grandes incógnitas es si los independen­tistas conseguirá­n las urnas para su referéndum. Uno tras otro, los planes oficiales de la Generalita­t para comprarlas se han visto frustrados. Lo que pocos sabenesque­desdehaces­emanasestá en marcha un plan clandestin­o. Sànchez es su cerebro. Este lunes 14 de agosto es un momento crítico. Las 10.000 urnas que ha comprado secretamen­te en China, y que han desembarca­do en Marsella, llegan en tres tráilers a un almacén en Illa, desde donde un ejército de activistas las introducir­á en Catalunya.

Hoy, cinco años después, Jordi Sànchez admite públicamen­te por primera vez que fue quien organizó la compra de las urnas, si bien subraya que él fue solo una pieza de un engranaje formado por miles de personas, la mayoría ciudadanos anónimos. “El 1-O fue un éxito colectivo, no individual ni tampoco solo de los partidos”, dice Sànchez, que en junio dejó la secretaría general de Junts.

Han pasado cinco años de los hechos que lo llevaron a la cárcel y más de uno desde el indulto. Sus cuentas con la justicia están saldadas, a diferencia de otras personas que asumieron responsabi­lidades y han pedido anonimato a La Vanguardia o han rechazado ser entrevista­dos. “Es demasiado pronto para explicar toda la verdad, porque se paga muy cara”, afirma Marta Rovira, la secretaria general de ERC, refugiada en Suiza.

También el ánimo en el movimiento independen­tista ha cambiado. El aparente frente unido de entonces ha quedado dinamitado. Las grietas que asomaban entre ERC y los exconverge­ntes son hoy brechas profundas. El relato del 1-O se convierte en arma política.

Sànchez explica que puso en marcha la operación en abril del 2017 tras acordarlo con el president Carles Puigdemont. Lo decidieron al margen de la cúpula de ERC, que lo supo cuando las urnas ya habían sido compradas, según se desprende del relato cruzado de varios protagonis­tas. El entorno de ERC desempeñó luego un papel clave en la distribuci­ón de las 6.500 urnas, a través de una estrucdore­s piramidal que logró diseminarl­as por todo el territorio sin que las fuerzas de seguridad las detectasen.

Para explicar cómo se gesta la operación hay que rebobinar hasta la primavera del 2017. En ese momento, el plan es que sea el Govern quien compre las urnas, como han hecho otras comunidade­s para sus elecciones. Sin embargo, pronto se evidencia que ningún responsabl­e político está dispuesto a asumir el riesgo de ser acusado de malversaci­ón.

El calendario corre, y la crispación entre ERC y PDECat crece

Lugares donde se fabrican las urnas Almacenes principale­s aix Camp mo el exconverge­nte David Madí o el republican­o Xavier Vendrell.

La tensión entre Puigdemont y Junqueras cristaliza en una de las primeras reuniones, en una escena que dos testigos, de familias políticas distintas, han relatado por separado a este diario. Junqueras se presenta con un decreto de compra con su firma. Exige que Puigdemont rubrique el documento. Este no se toma bien la encerrona. “Puigdemont y Junqueras ni se hablan. Fue surrealist­a, estando los dos allí una persona tuvo que hacer de intermedia­rio y pasar los papeles entre uno y otro”, recuerda

donde un coordinado­r las reparte municipio a municipio

Se fabrican que nunca se usaron, en dos empresas: una fabrica unas láminas de PVC, con un kit de montaje, y la otra las tapas. El coste es de

a día. Los dos socios se acusan de escurrir el bulto. La presión recae sobre la consellera de Governació, la exconverge­nte Meritxell Borràs, responsabl­e de procesos electorale­s.

Ante la parálisis, el 22 de abril se forja lo que se llamará el Estado Mayor del procés, el grupo paralelo al Govern que toma el mando del referéndum. Junto a Puigdemont y Oriol Junqueras, se sientan los líderes de la ANC y Omnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como pesos pesados de los partidos, cotura testigo. Puigdemont sale sin firmar.

El Govern convoca un concurso para homologar las empresas que puedan suministra­r urnas, y hay querella de la Fiscalía contra Borràs. El concurso se declara desierto, diciendo que las empresas no han acreditado solvencia técnica y económica. La verdad es que las advertenci­as de la Guardia Civil, que ha contactado con los dueños, les han amedrentad­o.

Otra posibilida­d es que el Govern recurra a las urnas del Minisdía terio del Interior que guardan los ayuntamien­tos. Son las que habitualme­nte se usan en las elecciones. La Fiscalía no tarda en ordenar que se refuerce la vigilancia.

En realidad, estas urnas nunca son un plan real, sino más bien una maniobrade­distracció­n,unseñuelo para la policía, asegura Sànchez. El plan subterráne­o para lograr urnas está ya en marcha. Sànchez ha encargado la compra a una persona de su máxima confianza cuya identidad se ignora.

Marta Rovira descubrirá la operación en junio, en una reunión en el Palau de Pedralbes. “El tema está arreglado”, le dice el presidente de la ANC. Rovira se indigna. ERC se aferra a la exigencia de que las urnas se compren desde el Govern. Su argumento es que el 1-O no puede ser otro 9-N. No es una consulta, es un referéndum.

Sànchez tiene ya en su poder muestras de distintas urnas que lleva a las reuniones del Estado Ma

da ca contiene.. yor antes de que se decida cómo se ejecutará la compra.

En España apenas son cuatro las empresas del sector, dos de ellas catalanas. Una posee el molde de hierro para hacerlas, en metacrilat­o. Supone un ahorro notable, porque solo el molde cuesta unos 30.000 euros. Y un ahorro en tiempo. Pero el mismo día que el presidente de la ANC visita las instalacio­nes, la empresa recibe la llamada de la Guardia Civil. El plan queda abortado.

También se descartan unas urnas desmontabl­es fabricadas por Smart Dragon Ballot Expert, con sede en Guangzhou: cuando Sànchez lleva una a la reunión para probarla, los líderes políticos se ven incapaces de armarlas.

Las urnas elegidas son de esa firma. Son la opción más práctica porque se apilan. Bastan tres conteneun para traerlas desde China y se pueden guardar en un solo almacén. El modelo elegido nunca es mostrado al Estado Mayor. Sànchez le enseña una a Puigdemont, en el maletero de un coche, y el president da luz verde.

El encargo, 10.000 urnas, se hace a finales de abril, porque la producción requiere dos semanas y el envíoporba­rco,otrascinco.Sedecide entrarlas por Marsella, después de descartar València y otros puertos. Creen que será más fácil cruzar la frontera que superar la aduana española.

En junio se decide comprar otro juego de 10.000 urnas de reserva. Se fabrican en el Baix Llobregat, en dos empresas de plástico que, asegura Sànchez, ignoran lo que están produciend­o. Una fabrica la caja –una lámina que se monta- y la otra la tapa. En verano, una patrulla de la Guardia Civil visita una de las fábricas, pero no detecta que las planchas son urnas.

Sànchez supervisó en persona la descarga de las cajas llegadas de China en un almacén cerca de Perpiñán

El recorrido de las urnas

ERC no supo hasta junio que la compra estaba cerrada, pero luego fue clave en la distribuci­ón

El pedido se entrega en septiembre y se esconde en un almacén del interior de Catalunya. Nunca llegan a ser puestas en circulació­n. Haceuntiem­pofuerontr­asladadas a otro almacén, donde continúan hoy en día. La factura total de estas urnas asciende a 66.000 euros. Las urnas chinas costaron 110.000, incluido el transporte y el alquiler de los diversos almacenes que fueron usados en su largo periplo. El pago se hace mediante empresas extranjera­s y en ambos casos lo adelantan particular­es, que hoy ya han cobrado los adelantos. Las entidades independen­tistas se han encargado de vehicular las donaciones y ni un euro público se ha gastado en urnas, asegura Sànchez. “Si calculas que las urnas nos costaron 200.000 euros, y el Estado se gasto 87 millones en buscarlas, queda claro que Catalunya tiene

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