La crisis energética engulle medio billón de euros en ayudas públicas en Europa
La prolongación del alza de precios da perfil estructural a las medidas de urgencia
El impuesto temporal sobre las grandes fortunas planteado esta semana por el Gobierno español es solo un anuncio más de la lista de medidas extraordinarias que se están adoptando en Europa para capear la crisis energética: nacionalizaciones, rebajas del IVA, gravámenes extraordinarios a las empresas, ayudas a los hogares, transporte público gratuito...
La guerra de Ucrania ha hecho saltar por los aires la ortodoxia presupuestaria clásica en un momento en que el continente apenas empezaba a recuperarse del golpe económico y financiero que supuso la pandemia, con la deuda en niveles récord a pesar de la fuerte inyección de dinero público realizado desde la Unión. La respuesta de Europa al shock de precios de la energía ha sido tan extraordinaria como costosa.
De acuerdo con Bruegel, el prestigioso centro de estudios económicos con sede en Bruselas, los gobiernos europeos han movilizado alrededor de medio billón de euros en medidas para proteger a los ciudadanos y las empresas de los efectos del alza de precios del gas y la electricidad, unos 314.000 millones de euros en el caso de la Unión Europea (solo Reino Unido ha anunciado medidas por valor de 178.000 millones de euros). Si se tiene en cuenta también el dinero dedicado a rescatar empresas la cifra se eleva a 450.000 millones de euros solo en los Veintisiete.
Alemania, primera economía del club, que esta semana ha nacionalizado la gasista Uniper, es el país de la UE que más dinero ha invertido para afrontar la crisis, 100.000 millones de euros (2,8% del PIB), seguido de Italia con zado ayudas por valor del 6,5% de su PIB, y dentro de la UE, en Croacia (4,1%) y Grecia (3,7%).
Pero la crisis no amaina y el recuento se mueve prácticamente cada semana. Aunque desde Europa en un primer momento la crisis se abordó como un problema coyuntural, la prolongación de las alzas de precios en los mercados mayoristas ha dado un perfil estructural a medidas teóricamente temporales que preocupa a algunos economistas e instituciones. “Claramente, esto no es sostenible desde el punto de vista de las finanzas públicas”, afirma Simone Tagliapietra, analista de Bruegel. “Este nivel de intervención puede agravar las divergencias económicas dentro de Europa. Es importante coordinar estas políticas entre los países”, alerta.
La extensión temporal de las ayudas de Estado “no es sostenible para las finanzas públicas”, avisa Bruegel
Las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento están suspendidas hasta el 2023 pero más allá de cómo se traten las finanzas de los estados miembros desde Bruselas las cifras están ahí y lo cierto es que esta enorme movilización de recursos públicos se produce con la deuda pública en máximos en países como Italia (153% del PIB), Grecia (189%), España (118%) o Francia (114%) y la amenaza de una inminente recesión.
La Comisión Europea, que a mediados de octubre presentará sus propuestas para revisar el Pacto, ha anunciado que las sendas de reducción de la deuda se ajustarán a la situación de cada país, una idea que encaja con las recomendaciones publicadas esta semana por el Fondo Monetario Internacional. A la vista de la envergadura de la crisis actual, la institución vuelve a recomendar la creación de un fondo permanente anticrisis para que la UE ayude a los países en apuros sin que tengan que comprometer en exceso sus finanzas públicas.n