La directiva del CNI del 2017 dejaba en lugar secundario la lucha contra el secesionismo

“No habrá urnas ni referéndum”. Son palabras del portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, el 25 de mayo de 2017. Faltan 129 días para el 1 de octubre, la fecha elegida (es secreta todavía) para la consulta sobre la independencia de Catalunya.

Repite esas palabras el 4 de septiembre la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que añade que, si las hubiera, “ya se encargarían las autoridades correspondientes de impedir que se pusieran”.

Ahora falta menos de un mes y estamos en tensión máxima, con el Parlament a punto de aprobar sus leyes de desconexión, con ocho resoluciones judiciales que instan a las fuerzas policiales a cortar esos preparativos y con el operativo electoral clandestino distribuyendo urnas por toda Catalunya.

“No habrá urnas”, insiste el 25 de septiembre en el Parlamento Europeo el portavoz del PP, Esteban González Pons. Faltan 6 días.

“No habrá urnas”, dice Rajoy el 30 de septiembre, durante una boda en Madrid. Faltan 8 horas.

De madrugada, 2.229 colegios electorales reciben con precisión germánica unas 6.500 urnas.

¿Qué ha fallado? ¿Quién ha fallado? ¿De dónde han salido 6.500 urnas? El gobierno parpadea.

“Nos dejaron en ridículo”, admite con toda franqueza un alto cargo del gobierno del momento, en un encuentro con La Vanguardia. “Fue una organización como la de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, con familias enteras implicadas que no sabían qué hacía otro miembro de la misma familia”. “A nadie se le ocurrió –quiere minimizar– que en realidad no serían urnas sino unas cajas de plástico con ranura y tapa, de las de guardar calcetines, nadie intuyó que por primera vez en la historia de la humanidad las urnas serían unas cajas opacas donde no se ve lo que hay dentro. Pero es cierto: no se encontró ninguna”.

Después del 1-O, las culpas se van dirigiendo al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “El fallo de que hubiera urnas el 1-O fue del CNI. Decían que lo tenían controlado, y no”, diría en una entrevista

“Nos dejaron en ridículo”, admite con toda franqueza un alto cargo del gobierno del momento

en junio del 2019 José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad en el momento del referéndum; Nieto declinó ofrecer su versión para este reportaje.

Carles Puigdemont había anunciado el 9 de junio del 2017 la fecha y la pregunta, aunque estaba pactada entre los miembros del llamado Estado Mayor del procés desde finales de abril.

Cuatro días después, el 13 de junio, la Fiscalía amplía la querella presentada un mes antes contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y su segundo: ahora incluye la convocatoria del president. Con el asunto judicializado, las diligencias corresponden teóricamente a las fuerzas policiales: Policía Nacional, Guardia Civil… y Mossos d’Esquadra.

“El CNI claro que estaba para detener todo aquello, pero me consta que el 80% de sus recursos estaban dedicados al terrorismo islámico, por eso para ellos no era tan importante lo de las urnas, aunque tuviera mucha importancia política y simbólica”, concreta el mando gubernamental. El 17 de agosto, además, se produce el atentado de la Rambla. La alerta antiterrorista se redobla.

Coinciden en esta versión dos fuentes cercanas al CNI. La directiva de seguridad del 2017, el documento que marca la actuación de los servicios secretos, no establecía como prioridad la lucha contra el independentismo; esta figuraba en una posición muy secundaria y bajo el genérico de “mantenimiento de la unidad territorial”. “Nadie lo ordenó ni lo pidió, y no figuraba entre las prioridades estratégicas”, dice una de esas fuentes. “Desde el momento en que se judicializa, el encargo específico de detener ese operativo es de las fuerzas de seguridad”.

El servicio secreto, añade la fuente gubernamental, “sobre todo estaba preocupado entonces con los CDR [los Comitès de Defensa de la República], en concreto el 1-O teníamos controlados exactamente a 424 sujetos. Los movimientos y manifestaciones que había no eran espontáneos, estaban perfectamente organizados y coordinados”.

Un secretario de Estado de Rajoy sostiene que “echar las culpas al CNI es un clásico de nuestro país: como no tiene voz, tampoco tiene defensa”. “Cuando uno comete un error –añade–, hay quien lo asume públicamente y hay quien prefiere echar la culpa a otro. Es humano”. “Desconozco los detalles”, añade, “pero me pa