Justa deflactación del IRPF
Al Gobierno del presidente Sánchez le han fallado los reflejos políticos y económicos. La oposición del Partido Popular ha sido más hábil al plantear las medidas fiscales que habría que tomar y que parece que quiere la mayoría de la ciudadanía. Ha conseguido poner la política fiscal en el centro del debate público ante el año electoral que se avecina.
La deflactación de las tarifas del IRPF para el 2023 que han aprobado las comunidades autónomas gobernadas por el PP de Madrid, primero, y de Andalucía, Murcia y Galicia, después, ha sido presentada por sus respectivos presidentes como una rebaja impositiva. Pero en realidad no hay tal rebaja. Solo supone, y ya es mucho, ajustar el régimen de tramos impositivos de la renta para evitar que el aumento de los ingresos nominales por la subida del índice de precios de consumo (IPC) no haga tributar más a los contribuyentes por los mismos ingresos reales. En este sentido, la deflactación de las tarifas de la renta supone restaurar el equilibrio de la presión fiscal por este impuesto. Así lo ha entendido también el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que ha anunciado asimismo que deflactará la tarifa autonómica de dicho impuesto. No ha querido quedarse atrás aunque para ello haya tenido que romper la disciplina del PSOE. En cualquier caso, tiene muy claro que quien se juega la reelección en Valencia es él.
Los líderes autonómicos del PP obedecen a una estrategia orquestada por el PP de Alberto Núñez Feijóo, inspirada por la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, para desmarcarse del PSOE y de Unidas Podemos y establecer un perfil económico-fiscal alternativo y popular, valga la redundancia. El caso de Puig es diferente. Sabe –o creemos que sabe– que no puede engañar a sus electores con una subida en frío de los impuestos como sería no deflactar la tarifa del IRPF después de que la inflación acumule un aumento del 19% en los últimos 15 años. A escala estatal eso supone unos ingresos fiscales extraordinarios para el Estado de 22.000 millones de euros sin que casi nadie se haya enterado. Miel sobre hojuelas para el Gobierno.
El presidente Sánchez debería seguir el ejemplo del presidente de la Comunidad Valenciana. No solo porque es de justicia fiscal, sino porque se juega la reelección en los próximos comicios si no lo hace. Todavía está a tiempo de rectificar e introducir la deflactación de las tarifas del IRPF en el proyecto de presupuestos generales del Estado del 2023. Llega tarde, pero más vale tarde que nunca. Los contribuyentes españoles no le perdonarán que les haya engañado con una subida en frío de los impuestos como es no deflactar la tarifa del IRPF, sobre todo cuando la inflación ha superado el 10% en solo un año.
A partir del equilibrio tributario que supondría la deflactación de la tarifa del IRPF es cuando puede y debe definirse la política fiscal más adecuada que necesita el país. Con el impuesto de patrimonio sucede algo similar. Si la práctica mayoría de las comunidades autónomas –excepto Catalunya– apuestan por bonificarlo, parece claro que debería suprimirse a escala estatal para acabar con las diferencias. No se pueden poner puertas al campo. Pero igualmente el Gobierno está en su derecho de establecer un impuesto sobre las grandes fortunas, que sea más justo y equitativo que el de patrimonio, como parece que quiere hacer. El propio economista jefe del Banco Central Europeo se ha mostrado partidario de exigir una mayor solidaridad, vía fiscal, de las grandes fortunas y empresas para proteger a los que menos tienen, los más afectados por la inflación, que incide especialmente en productos de primera necesidad como energía y alimentación.
La política fiscal tiene una importancia crucial en la justicia social y en la redistribución de la riqueza, y ello va desde la necesidad de la deflactación del IRPF hasta la protección de los más vulnerables con la solidaridad de los que más tienen.c
El Gobierno de Sánchez se ve presionado para seguir la senda iniciada por las autonomías