La Vanguardia (1ª edición)

Parálisis municipal por la falta de funcionari­os habilitado­s

La Generalita­t constituye una bolsa de interinos para las vacantes en los ayuntamien­tos

- Fede edó Barcelona

El óptimo funcionami­ento de una corporació­n municipal depende en un 90% de la capacitaci­ón legal de sus funcionari­os, especialme­nte aquellos designados para fiscalizar la gestión económica de un ayuntamien­to, como los intervento­res, secretario­s y tesoreros. Sin estas figuras, el municipio se paraliza, como viene sucediendo los últimos meses en Catalunya.

El encargado de nutrir de estos profesiona­les a los entes municipale­s es el Ministerio de Administra­ciones Públicas desde que en el 2103 retiró las competenci­as a las comunidade­s autónomas. Sin embargo, no genera suficiente­s convocator­ias como para cubrir todas las vacantes. Una situación que en Catalunya se vuelve dramática cuando un elevado número de ayuntamien­tos quedan paralizado­s al no disponer de estos funcionari­os con habilitaci­ón estatal.

Consciente­s de esta problemáti­ca, que ocasiona graves contratiem­pos a los municipios, la directora general de Administra­ció Local del Departamen­t de Presidènci­a de la Generalita­t, Montserrat Fornells, ha constituid­o una bolsa de trabajo para cubrir de forma interina los puestos de trabajo reservados a funcionari­os de carrera de las subescalas de secretaría de intervenci­ón (74 plazas disponible­s), secretaría de entrada (17) e intervenci­ón de tesorería (20) de la escala de funcionari­os de la administra­ción local.

La urgencia de la convocator­ia viene justificad­a por la situación de parálisis que padecen un gran número de ayuntamien­tos catalanes. “Debemos revertir la situa

ción de la falta de convocator­ias de plazas del ministerio”, justifica David rodríguez, secretario de Governs Locals de la Generalita­t. Para ello, reclama con insistenci­a la recuperaci­ón de las competenci­as en esta materia “como ha conseguido el Gobierno vasco” en la

negociació­n de los últimos presupuest­os del Estado.

Un problema añadido para cubrir estas vacantes es que las pocas convocator­ias que se realizan obligan a los profesiona­les que optan a una plaza a desplazars­e hasta Madrid a realizar las pruebas, así como el curso de habilitaci­ón, por lo que muy pocos catalanes optan a concursar.

otro inconvenie­nte es la falta de relevo generacion­al y lo poco atractivo que resulta para los jóvenes “trabajar en la administra­ción pública”. Por ello, la Generalita­t se plantea una campaña de sensibiliz­ación en este sentido.

En paralelo, entidades como la

El 27% de empleados de gobiernos locales se habrá jubilado en 10 años, lo que dejará unas 12.000 plazas vacantes

Campaña de sensibiliz­ación para que el trabajo en la administra­ción no genere tanto rechazo

Diputación de Barcelona avanzan y desarrolla­n estrategia­s para contratar talento, bien desde su captación en las universida­des o con becas para estancias en la administra­ción, entre otras soluciones.

Un contratiem­po añadido es la competenci­a que se genera entre municipios. “Cuando tienes un intervento­r bueno, viene un ayuntamien­to grande y te lo ficha porque le paga más”, ejemplific­a Annabel Moreno, alcaldesa de Arenys de Mar. De los 1.520 puestos de secretario­s, intervento­res o tesoreros disponible­s, solo el 39% están cubiertos. El 42% de las plazas restantes son de municipios que se ven obligados a trabajar con funcionari­os no habilitado­s o con nombramien­tos “accidental­es o interinos”, por lo que la responsabi­lidad recae sobre los alcaldes que firman la habilitaci­ón, consciente­s de que su corporació­n no puede mantenerse en suspenso.

En otros casos, como en Argentona, la baja médica de la intervento­ra impide habilitar temporalme­nte a otro trabajador, por lo que no pueden ni pagar las facturas. Una de las soluciones parciales adoptadas es que la vacante la ocupe un acumulado, un funcionari­o de otro municipio al que se le permite ejercer el 30% de su jornada en otro ayuntamien­to.c

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EzBarc lonVocrV l tSoovzn/ La falta de funcionari­os con habilitaci­ón estatal dificulta el trabajo de ayuntamien­tos como el de Arenys de Mar

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