Una tramitación exprés con mayoría suficiente

PSOE y Unidas Podemos han convertido en proposición de ley (PL) parlamentaria una reforma del Código Penal que todos daban por supuesto que sería un proyecto de ley del Gobierno. Que la iniciativa surja de los grupos parlamentarios y no del Consejo de Ministros abrevia la tramitación y podría permitir que la reforma de Código Penal entre en vigor antes de acabar el año, o a principios del 2023. La

PL deberá ser calificada por la Mesa del Congreso y luego aprobada por la junta de portavoces, un trámite que podría darse en semanas consecutivas, pero también –hay precedentes– en la misma semana, y a continuación entrar en el siguiente pleno para que se aprobase su tramitación. A continuación, se abriría un trámite de enmiendas para su votación –en sesiones que serían cada dos semanas, salvo que se apruebe la urgencia de la iniciativa, en cuyo caso serían semanales–, y luego se elaboraría la ponencia para votarse en comisión. Con la ponencia se votarían también las enmiendas no aceptadas, y si no se aprueba la advocación a pleno, la iniciativa podría quedar aprobada para ser remitida al Senado, sin pasar una segunda vez por el pleno del Congreso. Como con todas las iniciativas legislativas, si el

Senado no la modifica, no sería necesario que volviera al Congreso para su ratificación. Pasaría directamente al BOE y estaría en vigor. Vistos los pronunciamientos favorables de los socios de investidura –ERC, PNV, EH Bildu–, si PSOE y Unidas Podemos fuerzan la máquina, la reforma del Código Penal podría estar en vigor antes de acabar el año. Por los pelos. Había mayoría. Siempre la hubo.