Chispas entre poderes del Estado
La revisión del delito de sedición va a enconar más las relaciones entre poderes del Estado que la concesión de los indultos a los independentistas. Parte de la judicatura está convencida de que el Gobierno actúa de manera irresponsable por interés partidista y en la Moncloa creen que demasiados jueces pretenden ejercer de políticos. Si esas chispas que hace tiempo que saltan entre ambos poderes se aplican sobre la cuestión catalana, la explosión está servida.
En el Tribunal Supremo no se discutió que se concedieran los indultos, aunque su preceptivo informe fuera desfavorable por considerar que los presos no habían mostrado interés en redimirse. Al fin y al cabo, se trata de una decisión discrecional del Gobierno. Nada que decir. En cambio, las modificaciones a cuenta del delito de sedición, eliminándolo y añadiendo el agravamiento del de desórdenes públicos, sí causan hondo malestar. Aunque en la Moncloa aseguran que hace unos años los mismos jueces que ahora discrepan se mostraban favorables a actualizar ese delito, hoy está claro que en el Supremo no comparten ni el momento ni la forma.
En cuanto al calendario, porque el tribunal está a la espera de lo que decida la justicia europea sobre su sentencia. Al cambiar el Código Penal, se transmite la idea de que ni el propio Estado español cree que deba existir un delito por el que se ha llegado a condenar a políticos hasta con 13 años de cárcel. Es decir, la sentencia del Supremo corre el riesgo de aparecer como una decisión desproporcionada y, por tanto, injusta. Pero la forma como se va a hacer también amenaza tormenta.
Si el texto quedara como lo han registrado el PSOE y UP en el Congreso –deberá pasar el trámite parlamentario de enmiendas–, hay quien considera en el Supremo que Carles Puigdemont, por ejemplo, podría presentarse al día siguiente en Catalunya y quedaría libre. Al desaparecer la sedición, habría que discernir si lo que hizo el expresident se corresponde con el nuevo delito de “desórdenes públicos agravados” y no tiene por qué ser así, según el criterio de algunos jueces.
Es más, la malversación que se atribuyó a los condenados como medio para cometer la sedición también decaería en virtud de esa tesis, puesto que si no existe el delito principal (la sedición), tampoco el instrumental para cometerla. Incluso la inhabilitación se disolvería. El criterio del Supremo es esencial para que se aplique la reforma. Es la misma sala que enjuició a los líderes encarcelados la que tendrá que revisar aquella condena, de oficio. También es el Supremo, en este caso el juez Pablo Llarena, quien decidirá sobre las euroórdenes para extraditar a los huidos.
En cambio, en la Moncloa consideran que la reformulación de los delitos facilita esas extradiciones, puesto que ya no se habla de sedición, algo que en algunos ordenamientos europeos no se entiende, sino de desórdenes públicos agravados, asociados a penas más bajas, lo que facilitaría que esos países concedieran la entrega sin recelos. Puigdemont estaría en esa situación. La republicana Marta Rovira también, pero ella no está acusada de malversación, así que su recorrido judicial es menos lesivo.
Todo en un contexto de tensión entre el Gobierno y el Consejo del Poder Judicial, que no ha sido consultado en este asunto porque se ha optado por una proposición de ley (no un proyecto de ley) para aprobarlo más rápido. Y en un momento en el que Sánchez quiere renovar el Tribunal Constitucional. Está claro que el gran pulso de esta legislatura ha sido desde el principio el del Gobierno y los jueces, o al revés.c
El Supremo ve una chapuza en la reforma y el Gobierno asegura que se inspiró en la sentencia