Junts carga contra la reforma espoleada por ERC
CUP, Òmnium y ANC repudian los cambios en desórdenes públicos
Hay interpretaciones de todos los colores sobre las reformas anunciadas en el Código Penal. Dentro del mundo independentista, como pasó con su apuesta por el diálogo, Esquerra volvió a encontrarse prácticamente sola defendiendo la derogación de la sedición y las modificaciones en el delito de desórdenes públicos agravados. El resto, desde partidos hasta entidades, se opusieron. Esta vez, incluso Òmnium Cultural opinó que las modificaciones en desórdenes públicos son perjudiciales, aunque sí aprueba la eliminación de la sedición.
Yendo por partes. Pere Aragonès hizo una declaración institucional ayer por la mañana en que afirmó que “el acuerdo es una muestra de que perseverar en tus objetivos da frutos y que perseverar en tus ideas sirve para llegar a acuerdos”. Unas palabras con las que buscaba plantar cara con su estrategia del diálogo. Consideró que es “un paso importantísimo para poner fin a toda forma de represión”, pero invitó al resto de fuerzas independentistas a unirse para avanzar en la desjudicialización y en la amnistía, y en el referéndum. No mencionó la malversación cuando se le preguntó si se añadiría su modificación, pero recordó que todavía se pueden cambiar cuestiones durante la tramitación en el Congreso.
En una línea parecida se expresó más tarde Marta Vilalta, portavoz de ERC. Todas las reformas pactadas con el PSOE y Unidas Podemos son beneficiosas, opinó. Pero reconoció una dificultad: que no hay ninguna certeza de que se acaben mejorando las condiciones objetivas para que no se pueda aplicar “más represión”, porque al fin y al cabo son los jueces los que interpretan las normas.
Con todo, a los republicanos les cayeron chuzos de punta. Jordi Turull, secretario general de Junts, aseguró en RAC1 que no hay una derogación de la sedición, sino “un cambio de nombre”. Carles Puigdemont, al contrario de Marta Vilalta, no ve ningún “beneficio político” aunque se reduzcan las penas de prisión. Además, considera que con la supresión de este delito, el Gobierno intenta liquidar su estrategia jurídica a nivel europeo. Todavía en el entorno de Junts, Laura Borràs afirmó: “El remedio de los desórdenes públicos agravados podría ser peor que la enfermedad de la sedición”.
Con la reforma de desórdenes públicos hay mucha controversia. La CUP rechaza la supresión del delito de sedición porque “pone dificultades en el camino para la independencia”. Pero desaprueba por completo los cambios en desórdenes públicos, ya que sostiene que con el término “intimidación” añadido a “violencia” introducido en el artículo 557 del Código Penal y la especificación de que puede ser condenado a prisión quien “invada instalaciones o edificios”, cualquier movilización en la calle puede ser objeto de sanción penal.
También la ANC opinó que la derogación busca “castigar” la movilización independentista y el 1-O “por invadir instalaciones y edificios”. Òmnium discrepa con la ANC sobre la sedición. Aprueba la eliminación, aunque “no es una solución para todo el mundo”. Pero discute profundamente las modificaciones en desórdenes públicos, que son “un paso adelante en la criminalización de la disidencia” y en la “persecución de la protesta”.
Por su parte, el PSC negó, como hizo Aragonès, que el 1-O no fuera un delito. “No se despenalizan las conductas del 2017... y nada de amnistía”, subrayó Salvador Illa. En todo caso, afirmó que se va “en la dirección correcta”.c