Tras los indultos, la sedición suprimida

PTodos los pasos que se den para restaurar la convivencia deben ser bienvenidos

Soe y Unidas Podemos registraron ayer en el Congreso de los diputados una proposición de ley para la modificación del Código Penal, que comportará la supresión del delito de sedición (y su eventual sustitución por el de desórdenes públicos agravados). Tras la concesión de los indultos a los condenados en el juicio del procés, en junio del año pasado, esta modificación supone el paso más importante dado por el Gobierno español con vistas a la desinflamación del conflicto que enfrenta a la Generalitat con el estado. Por tanto, no queremos dejar pasar la ocasión sin saludarlo como un progreso, en la convicción de que ambos movimientos, que tienen por objeto restaurar la convivencia, constituyen avances en la dirección correcta.

La derecha ha salido en tromba contra esta medida, acusando al Gobierno de traición y demás. Pero es preciso decir, en honor a la verdad, que el ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez no ha hecho sino cumplir su promesa. en su discurso de investidura, en enero del 2020, Sánchez ya se fijó, como objetivo de legislatura, la reducción, “mediante la política y el diálogo, de la tensión territorial, para comenzar a superar el contencioso político catalán”.

La política es transacción. Por el contrario, no es política –no, al menos, de consenso ni de progreso– la defensa numantina de las propias posiciones. Sí es política la actividad que, al servicio de un fin superior (en este caso, la recuperación de la convivencia), se atreve a tomar decisiones que pueden tener un precio para sus impulsores. Patxi López (PSoe), que presentó ayer en el Congreso, junto con Jaume asens (Unidas Podemos), la propuesta mencionada al inicio de estas líneas, lo expresó de modo claro y con orgullo: “el PSoe hace política aunque le cueste votos”.

Si la reforma propuesta llega a buen puerto, tras superar los diversos trámites previstos, la situación de algunos de los condenados en el juicio del procés mejorará sensiblemente. el propio oriol Junqueras, que fue el castigado con una pena superior, podrá ver reducido su tiempo de inhabilitación de modo considerable, y estaría en condiciones de regresar a la política institucional quizás en el 2026. otros condenados e indultados, como Forn, rull, los Jordis o Forcadell, podrían ver despejado su camino civil de inmediato. Sin embargo, quienes, tras las agitadas jornadas en el Parlament de Catalunya del 2017, decidieron huir al extranjero tienen por delante una situación menos o más complicada, en función de los distintos delitos que se les imputan. marta rovira, número dos de erC, residente ahora en Suiza, mejoraría en parte su situación. Pero el expresident Carles Puigdemont y sus tres consellers también fugados –Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig– difícilmente podrían regresar a españa sin pasar, a continuación, un periodo en prisión. Sin duda, tiene que ver con todo ello el hecho de que ayer Puigdemont redujera la transformación legal propuesta a un intento de liquidar su estrategia –por cierto, hasta ahora infructuosa– de derrotar al estado español en europa. Puigdemont, que tan poco ha hecho por preservar la unidad del independentismo, minimiza ahora que los republicanos, que apuestan por el diálogo como vía de avance, obtengan réditos de su política de diálogo y pacto.

Conflictos tan enquistados como el que nos ocupa pueden llevar a pensar a alguno de sus actores que cualquier solución que no coincida con la suya es un error. Quizás porque olvidan que su paso por la política no tiene por objetivo central confirmarlos como personas clarividentes o infalibles. Tiene que ver, por el contrario, con los intereses del conjunto del país, que requieren firmeza a las partes, pero también mucha ductilidad, y que solo se satisfacen combinando los triunfos con las concesiones.c