Foment acusa a Colau de connivencia con las ocupaciones
La carta de la alcaldesa a la propiedad de la casa Orsola desata la indignación de la patronal
“No permitiremos ataques ni presiones disfrazadas de paternalismo”, advirtió ayer el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, a Ada Colau. La misiva que la alcaldesa de Barcelona envió a la propiedad de la casa Orsola instando, entre otras cosas, a renovar los contratos de alquiler ha encendido todas las alarmas de la patronal catalana. “Es intolerable; no permitiremos ningún atentado al derecho a la propiedad y no cederemos a ninguna
presión institucional o de activistas que pongan en indefensión a los propietarios, sean grandes, medianos o pequeños”, zanjó.
Foment considera que la acción de la alcaldesa no tiene precedentes en un cargo institucional “y constituye una injerencia en un asunto exclusivamente privado, porque atenta contra el derecho a la propiedad privada, uno de los pilares del Estado de derecho y de la democracia”, dijo Sánchez Llibre. “¡Hasta aquí hemos llegado!”.
Foment considera que, en su carta, Colau lanza acusaciones de hechos que no se corresponden con la realidad y que ha perjudicado
la imagen de la propiedad ante la opinión pública. Insistió en que la actitud de la alcaldesa “contribuye a generar una inseguridad jurídica que afecta directamente al mercado del alquiler, provocando que los propietarios no saquen viviendas al mercado”.
María José Tarancón, la abogada de Lioness Inversiones, la empresa de capital catalán que adquirió el edificio, insistió en que la misiva ha supuesto “un antes y un después” que se suma a las amenazas, insultos y coacciones “y a la persecución que sufre mi representado”. “Estamos estudiando todos los delitos que podamos ver
en la misiva, de prevaricación, coacción, amenazas... para emprender acciones legales”.
En primer lugar, Tarancón advirtió que el Ayuntamiento de Barcelona hubiera podido quedarse con este edificio modernista si hubiera ejercido su derecho de tanteo. No en vano, el conflicto comenzó hace un año, cuando la empresa adquirió el inmueble. “Al comprarlo, se respetaron todos los contratos indefinidos y a los cuatro que eran a plazo (cinco años) se les enviaron las cartas correspondientes y se iniciaron las acciones judiciales”, relató. La letrada afirmó que desde entonces, “mi representante ha sufrido amenazas, insultos y coacciones” por lo que “fuimos los primeros en ponernos en contacto con el Ayuntamiento y les pedimos ayuda”. También mantiene que la empresa accedió a la mediación, “pero mediar significa que las dos partes tienen que ceder, no que una acepte lo que la otra imponga”.
Según Tarancón, sus representados se pusieron en contacto con los inquilinos de los cuatro pisos
“No permitiremos ningún atentado al derecho a la propiedad y no cederemos a la presión institucional”
para que pudieran acreditar su situación de vulnerabilidad, “pero ninguno lo ha acreditado, porque no lo son”. En estos momentos, la propiedad tiene procedimientos abiertos contra los cuatro inquilinos con contrato vencido y por los dos pisos ocupados ilegalmente.
Mientras la propiedad reclama que el Ayuntamiento deje de interferir “en los procedimientos judiciales y sentencias, y estudia acciones legales, los inquilinos y el Sindicat de Llogateres, que ha hecho suya la causa, se erigen como víctimas de la gentrificación y la especulación inmobiliaria, y advierten que no se irán de sus pisos.
La guerra sigue abierta. Sánchez Llibre, también animó a todos los propietarios que estén en situación “de indefensión, que sean valientes y lo denuncien; los propietarios tienen derecho a alquilar, reformar o vender si se ajustan a la legislación vigente”. Por ello, emplazó a Colau “a abandonar su sectarismo y a gobernar respetando a todos los ciudadanos de Barcelona”.c