¡Salvad las instituciones!
Hace muchas décadas que los académicos saben que la prosperidad y la estabilidad política de los países dependen de la calidad de sus instituciones. No de las religiones, como se pensó en otros tiempos, ni de los recursos naturales, el clima o la geografía. Es decir, dependen de la calidad de sus instituciones políticas (parlamentos, gobiernos, fuerzas armadas y policías); jurídicas (ordenamiento y sistemas judiciales); económicas (leyes civiles y mercantiles y sus desarrollos); educativas y sanitarias.
Instituciones surgidas de normas diseñadas o acordadas para facilitar el despliegue de actividades humanas regulando derechos, intereses y conflictos que las motivan, impulsan y acompañan, de modo que prevalezcan aquellas que fueron previstas y deseadas. ¡Parece que bastaría con que las normas en cuestión fueran las adecuadas para que las instituciones cumplieran sus fines sin más!
Pero desde el principio de los tiempos, las normas son objeto de interpretación y resulta inevitable que sean utilizadas por intereses contrapuestos para prevalecer.
Hoy, en España, la interpretación que hacen los partidos políticos de las normas reguladoras de varias instituciones esenciales las degradan, las desvirtúan y las ponen en peligro. Eso ocurre cuando, en la dialéctica propia de toda democracia entre cooperación y conflicto, prevalece el conflicto y en algunos casos anula toda cooperación. En ese momento, las instituciones se convierten en instrumentos de ataque y menoscabo del adversario político. Así está ocurriendo en España hoy. El bloqueo de los procedimientos de nombramiento de altos magistrados en tribunales superiores y órganos de gobierno judiciales, el abuso de la figura del real decreto ley, que menoscaba en extremo las funciones legislativas del Parlamento, el retraso sine die de las actualizaciones del sistema fiscal de las autonomías, no son los únicos deterioros de la calidad de las instituciones afectadas. Hay más, y quizá tanto o más importantes: la politización de la enseñanza e incluso de la sanidad, según indica el prestigioso cardiólogo Valentín Fuster cuando dice que “la gestión de la sanidad está demasiado afectada por el partidismo”. Un ejemplo de actualidad sería el de la harto cuestionable ley trans, poco conocida e insuficientemente debatida.
Aunque es difícil determinar con precisión en qué grado la gestión politizada de las instituciones es causa de sus deficiencias, insuficiencias y disfunciones, los hechos están ahí: la justicia mantiene su exasperante y onerosa lentitud; en la sanidad faltan médicos, 25.000 de los que, formados en España, la han abandonado en la última década; el sistema educativo produce un 20% de fracaso escolar y más todavía universitario, y forma tan inadecuadamente a la juventud que tenemos la tasa de paro juvenil más alta de Europa; faltan plazas en la formación profesional a miles; faltan decenas de miles de electricistas; se anuncian masivos déficits de ingenieros; mientras, miles de ciudadanos encuentran cerradas las puertas de las administraciones de la Seguridad Social y de Hacienda para gestiones inevitables y un largo etcétera. Se mire donde se mire, lo público sufre saturación de partidismo y falta de competencia gerencial, con graves o gravísimas insuficiencias, como decimos, en educación, sanidad, justicia, administración general y, quizá más de lo que se cuenta, en el ejército. ¡Se impone con urgencia, pues, ejercer con sentido político y no en interés partidista!
Compete a todos los partidos políticos, pero en especial a los mayoritarios, indispensables para la preservación del orden constitucional vigente, reevaluar el grado de conflicto con su competidor principal, no sea que el deterioro que ahora causan a las instituciones tenga consecuencias irreversibles, como ha ocurrido desgraciadamente en otros países que están en la mente de todos nosotros. PSOE y PP son los depositarios políticos y morales de la calidad de las instituciones políticas españolas.
Todo ello va produciendo un deterioro severo que afecta a los tres poderes del Estado, especialmente al parlamentario y al judicial. Esto es una vía de extremo peligro para la salud del sistema democrático que desgraciadamente se está produciendo en no pocas democracias e incluso entre aquellas que forman parte de la Unión Europea. Es la tendencia a la llamada democracia iliberal porque los poderes ejecutivos no respetan ni los derechos de las minorías, ni las funciones de los demás poderes del Estado que limitan y enmarcan los suyos. La degradación de las instituciones las incapacita para abordar los asuntos que afectan a la ciudadanía, hasta que esta reclama que alguien ponga orden: es el paso de la democracia a la tiranía de los clásicos, hoy disfrazada de democracia.
El respeto de los centros de poder por las normas y el sentido y propósito de las instituciones es considerado por los politólogos modernos como una salvaguarda indispensable de la democracia. A esta no solo la protegen constituciones, leyes y sentencias, sino los códigos no escritos que todos saben cuáles son cuando los infringen. La así llamada politización de las instituciones y de las normas que las regulan es el encubrimiento de la sujeción del interés general al interés de parte o de partido.
El PP y el PSOE tienen en sus manos salvar a las instituciones de la degradación de la politización. Tienen la obligación frente a los ciudadanos de hacer honor a tan alta responsabilidad. Tienen la obligación de la lucidez.c
El PSOE y el PP tienen en sus manos salvar a las instituciones degradadas por la politización