Un camino sin retorno
Todos los presidentes de gobierno hasta Rodríguez Zapatero tuvieron una ambición: que en su mandato terminara el terrorismo de ETA. Con ese fin desarrollaron actividades secretas y de riesgo, como la negociación con la banda. Conseguido ese objetivo, la aspiración de todos –es decir, de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez– ha sido resolver el llamado “problema catalán”. Rajoy lo tuvo imposible porque, como Félix Bolaños le recuerda cada día, durante su mandato ocurrió todo: la pérdida de miedo a la palabra independencia, los referendos ilegales, los sucesos de 2017 y la aplicación del 155.
Pedro Sánchez llegó al poder apoyado por los nacionalistas y los independentistas, gobernó con ellos, decretó indultos, abrió el diálogo y acaricia el sueño de ser el pacificador. La anulación del delito de sedición es su instrumento mágico y por eso promueve una reforma del Código Penal que rehúye los informes del Consejo de Estado y del CGPJ y desecha los órganos de dirección de su propio partido con dos graves problemas añadidos. El primero es su pecado original: presume de ser el mago de la resistencia, lo cual equivale a decir que su mérito es resistir para estar mucho tiempo en el poder. Y eso tiene un precio: cualquier cosa que haga es interpretada en esa clave. El recuerdo de sus anteriores palabras sobre la sedición,
la rebelión o el considerar delito la convocatoria unilateral de un referéndum no hace más que confirmar esa clave: con audacia reconocida, Sánchez puede resolver el conflicto, ya lo veremos, pero asegura apoyos para una larga estancia en la Moncloa.
El segundo es más inquietante: su iniciativa de cargarse la sedición fue presentada como “un compromiso personal”. Una acción de ese alcance y de consecuencias imprevisibles, por muy democrático que sea su autor, no es un proyecto de partido, ni una promesa electoral, ni una decisión de Estado; es un empeño suyo y afrontado además por un procedimiento de urgencia que solo se justifica por las exigencias o las necesidades de Esquerra. Suya será, por tanto, la gloria o la responsabilidad histórica. Y libre es el juicio que se puede hacer sobre su personalismo, tan próximo en ese sentido a un comportamiento autocrático. Esa sería una línea de ataque que aún no utilizó el españolismo.
Este escribidor no puede saber si es bueno o malo borrar ese delito del Código Penal. Estas acciones son magníficas o perversas según su resultado, y eso está por ver. Si sirve para que en Catalunya se deje de acusar al Estado de represor, ya sería un éxito en la histórica tarea de fortalecer la convivencia. Si sirve para que se extienda la idea de que el Estado queda indefenso ante cualquier intentona de romper la unidad nacional, como dicen el PP y bastantes líderes de opinión, será inevitable una ola de pesimismo en el resto del país.
Ante ello, es preciso anotar que fallaron ostentosamente al menos cinco formas.
1) No se respetaron los trámites exigibles para las reformas legales, lo cual creó en la sociedad no catalana una sensación de que había algo que esconder.
2) Si todo es fruto del diálogo, se ocultaron los acuerdos, o tienen cláusulas secretas o el Estado es el único que ha cedido.
3) Toda la justificación del Gobierno se basó en acomodar la ley española a la legislación europea y los datos demuestran que es una verdad muy parcial.
4) Llamar “desórdenes públicos agravados” a un supuesto de declaración unilateral de independencia necesita mucha concreción porque, tal como se presenta, es algo cómica.
5) Por alguna razón que suena a debilidad, los responsables del cambio se niegan a reconocer que sigue vigente el 155, la usurpación de atribuciones del Estado que contempla el Código Penal y, en el peor de los casos, el delito de rebelión. De no decirlo viene la mencionada música zumbona de la indefensión del Estado.
Y una reflexión final: si eliminar la sedición es tan positivo como dice el Gobierno, no se entiende cómo no se le explica a Feijoo y se le atrae a la causa. Y citado el señor Feijoo, me permito recomendarle que no anuncie la derogación de lo que ahora se apruebe. Una vez dado ese caramelo al independentismo, quitárselo sería incitarlo a que vuelva a considerar represor al Estado español. En todo caso, el camino que abre Sánchez no tiene retorno y abre otros debates: que se ablande la malversación, ruegan los corruptos; que desaparezca el 155, pide Urkullu; amnistía y referéndum, reclama Aragonès. Se empieza por anular un delito y se reabre el debate territorial. Que sea para bien.