La puerta abierta por la ley del ‘solo sí’ ya no se cerrará ni cambiando la norma
Una reforma del texto no evitaría que puedan seguirse pidiendo rebajas de condena La Fiscalía General pide a los fiscales que informen, uno a uno, de los casos que revisen
Una disposición que elimine el beneficio de la ley más benévola sería inconstitucional
Una nueva ley? ¿Una disposición transitoria? ¿Esperar a que el Tribunal Supremo fije un criterio único? ¿Una circular con instrucciones de la Fiscalía? Son algunas de la propuestas, en modo pregunta, lanzadas estos últimos días para frenar la cascada de rebajas de condenas a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley de solo sí es sí.
La Vanguardia ha planteado esos interrogantes a expertos en derecho penal. Y la respuesta – por mucho que pueda doler, especialmente a las víctimas de esos delitos sexuales– coincide. Aquí no hay marcha atrás.
“El daño está hecho, no hay arreglo”, sentencia José María Macías Castaño, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Lo que está pasando era ya previsible y no queda otra, en estos momentos, que adaptarse a la nueva norma”, indica Josep Maria Tamarit, magistrado y catedrático de derecho en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Dirigentes de diferentes partidos políticos han planteado en las últimas horas una contrarreforma de la ley o la redacción de una nueva para detener esas excarcelaciones de violadores y pedófilos, y las rebajas de condenas a delincuentes sexuales que ya cumplen condena en prisión.
Pero esta solución, advierten Macías y Tamarit, no cerraría esa puerta trasera que la ley del solo sí es sí ha dejado abierta y por la que se están colando los recursos o peticiones de revisiones de penas. Mucho trabajo –el que conlleva cambiar una ley– “para no conseguir nada”, coinciden los dos magistrados. Y lo razonan. Cambiar ahora una norma que ya ha sido aprobada e incluida en el Código Penal “no borra de un plumazo los beneficios que esa ley, como están interpretando algunos tribunales, tiene en estos delincuentes sexuales”, apunta el vocal del CGPJ. Esos condenados siempre podrán pedir, aunque dentro de seis meses hubiera una nueva ley, que sus condenas se revisen para adaptarlas a la norma que es más beneficiosa para ellos.
Es lo que está pasando ahora y esta realidad, que escapa a la batalla política, no parece que tenga fecha de caducidad. Si se cambiara la ley, solo los condenados a partir de la publicación del nuevo texto no podrían acogerse a ese beneficio.
Lo que rige ahora en las resoluciones de rebaja de penas, con la percha de la ley del solo sí es sí, “es un derecho fundamental de la Constitución; la aplicación de la norma más favorable para el reo”, añade Macías. Consecuencia de la rebaja de las penas en la horquilla más baja de condena (antes 6 años y ahora 4) al desaparecer el delito de abusos y considerar como agresión sexual cualquier tocamiento o ataque, sin que tenga que probarse que hubo violencia. Un
“El daño está ya hecho y no hay arreglo”, afirma José María Macías, vocal del CGPJ
“Lo que pasa ahora era muy previsible”, dice Josep Maria Tamarit, catedrático de Derecho Penal
cambio, eso nadie lo niega, pensado para castigar con más dureza los delitos sexuales más leves.
Josep Maria Tamarit coincide, en que “el problema, si es que se cree que lo hay, no se soluciona con una nueva ley”. Esa norma “intermedia” –entre una ley y otra– siempre “estará ahí porque un día estuvo vigente”. Y podrá apelarse a la misma para pedir la pena más favorable al reo.
Estos días se ha planteado también, para cerrar esa puerta trasera de la ley del solo sí es sí, la posibilidad de incluir en la norma una disposición transitoria. Los defensores de esta medida estiman que esta figura judicial podría poner un boquete a esa brecha que permite ahora a los delincuentes sexuales, de forma retroactiva, beneficiarse de la ley más favorable para ellos.
Macías y Tamarit son contundentes al referirse a esta posibilidad. “Eso será inconstitucional, al atentar contra un derecho fundamental”. Así que para estos expertos, esa tampoco es la solución.
Llegados a este punto, todo parece fiarse –en eso confía también el presidente, Pedro Sánchez– al Tribunal Supremo. Ese Alto Tribunal ya tiene encima de la mesa recursos de peticiones de rebaja de penas apelando a esa ley del solo sí es sí. Podría ser cuestión de meses conocer su postura. Pero José María Macías avisa: “El Supremo no hará otra cosa que aplicar la ley, con una doctrina que ya es la usada en otras sentencias; me cuesta creer que fije un criterio particular para estos casos”. O dicho de otra manera, si cabe la rebaja de condena, se confirmará, y si no, se rechazará.
En estos casos cabe también la interpretación –por ejemplo, en la Rioja de más de medio centenar de recursos no se ha admitido ninguno–, pero eso no elimina el problema.
Otra vía para aunar criterios es la Fiscalía. Pero aún no se ha convocado ninguna junta de sala y, de momento, los fiscales –que han apoyado algunas de las rebajas– estudiarán caso por caso. La Fiscalía General sí que pidió ayer a los fiscales que remitan a esa oficina todos los casos de revisiones de condenas que se planeen en sus salas y los informes emitidos por ellos. Sin fijar, de momento, ningún criterio común.c