El Congreso suaviza el tributo extraordinario a las energéticas
No se aplicará a los ingresos del negocio regulado ni a los internacionales
Los ingresos procedentes de las actividades reguladas de las empresas energéticas en españa y los que generen sus negocios en el extranjero no se tendrán en cuenta para calcular el conocido como impuesto sobre los beneficios caídos del cielo, aunque la legislación española gravará los ingresos y no los beneficios.
Unos ingresos que, tras lo visto ayer en el Congreso, quedarán muy recortados respecto a la redacción inicial de la norma presentada por el Gobierno. La Comisión de Asuntos económicos del Congreso aprobó por unanimidad dos enmiendas transaccionales del Pnv y PDeCat para que, en el marco del impuesto energético, se excluya del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en españa. “Tiene sentido que sea así porque son ingresos topados por el Gobierno y por lo tanto no se deriva de ellos ningún beneficio extraordinario”, explicó a este diario el diputado del PDeCat Ferran bel.
el acuerdo al que llegó ayer todo el arco parlamentario supone que la tasa extraordinaria del 1,2% que se aplicará a los ingresos de las energéticas no recaerá sobre los beneficios que obtengan del negocio que supone el mercado regulado. es decir, en el mercado eléctrico los procedentes de los más de 10 millones de clientes que están acogidos a la tarifa regulada PvPC. en el caso del gas, los que se deriven de los clientes acogidos a las diferentes tarifas de último recurso (TUr) y los negocios de gas licuado (GLP) envasado y GLP por cana
lización. También quedarán fuera del impacto del nuevo gravamen los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de la generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos lo ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente.
Con este cambio de perímetro se volatilizan también las previsiones de recaudación del Gobierno: 2.000 millones de euros al año durante los dos años que estaría en vigor, lo que supondría un total de 4.000 millones durante el periodo de vigencia.
en cualquier caso, las energéticas ya habían advertido de que ese era un cálculo excesivamente optimista. Tanto endesa como iberdrola barajaban un impacto cercano solo a los 400 millones de euros.
Aunque el impacto podría tener un mayor recorrido. el Gobierno se ha comprometido por escrito con bildu a que en el 2024 se hará una evaluación de impacto del gravamen y, en función de su resultado, podría decidirse que el impuesto se transforme en permanente.
La normativa será aprobada el próximo jueves en el Pleno del Congreso con tiempo para ser aplicada a partir del enero del 2023. en la sede de iberdrola hacían ayer números para ver hasta qué punto esta rebaja del perímetro de aplicación del impuesto podría suponer un cambio en la decisión de la compañía de acudir a los tribunales de justicia si la ley española decide aplicarse sobre los ingresos y no sobre los beneficios, como marca la Ue.
Atendiendo al informe de auditoría del 2021, el ahorro podría ser de alrededor de un 74%, puesto que el importe neto de los ingresos de ese año procedentes del mercado regulado fue de 17.258 millones, frente a los 19.613 obtenidos en el mercado no regulado.
El Gobierno abre la puerta a que el gravamen sea permanente tras su análisis en el 2024