El Cercle califica de “irresponsabilidad” que Catalunya se quede sin presupuesto
La entidad arremete contra el PP por el bloqueo de la renovación del CGPJ
El Cercle d’Economia dio ayer un serio toque de atención a las fuerzas políticas. Y lo hizo en clave española, criticando al PP por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y en clave catalana, ante el riesgo de que no se puedan aprobar unos presupuestos para el 2023 por falta de apoyo parlamentario después de la salida de Junts del Govern de la Generalitat.
“Hoy la prórroga presupuestaria no es una opción”, señala el Cercle en su Nota de Opinión, la primera que hace pública desde que Jaume Guardiola asumió la presidencia en julio pasado. En ella, se subraya que la economía catalana todavía no se ha recuperado del golpe que supuso la pandemia cuando ahora la crisis energética y las presiones inflacionistas “vuelven a poner en aprietos a los colectivos más vulnerables y a amplios sectores del tejido productivo del país”.
Por eso, considera una “irresponsabilidad” la prórroga de los presupuestos. “El precio de la irresponsabilidad tiene una cifra: 3.098 millones de euros, el aumento de la capacidad de gasto de la Generalitat para el 2023, que ya ha sido validado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera”.
“Sin unos presupuestos nuevos, el Gobierno de la Generalitat no podría aprobar nuevas inversiones. Ello agravaría todavía más la falta de inversión pública en Catalunya, pues el ritmo de ejecución de las inversiones estatales se mantiene en mínimos inaceptables y, lejos de corregirse, se va agudizananunciado do”, añade la entidad, uno de los foros de debate económico más reconocidos de España.
En esa línea, el documento hecho público ayer recuerda que en el primer semestre de este año “solo se ha ejecutado el 16% de la inversión estatal prevista en Catalunya, por el 25% de promedio en España y el 52%
en la Comunidad de Madrid”. Se trata, a juicio del Cercle, de “una situación preocupante y que viene de lejos. En el periodo 2015-2021, la inversión estatal por habitante y año fue de 104 euros en Catalunya, frente a los 187 euros de la Comunidad de Madrid”.
La misma nota alerta de que, aparte de la parálisis de la inversión pública, con la prórroga también sería muy difícil aprobar medidas de apoyo a familias y empresas para amortiguar el impacto de la crisis energética. “Por ejemplo, si no se aprueban los presupuestos para el 2023, quedaría en suspenso el paquete de 300 millones de euros por el Govern en el debate de política general, y que se preveía destinar a la transición energética, la educación y el apoyo a los colectivos más débiles”. Catalunya no se lo puede permitir”, advierte, antes de señalar que en cuestiones estratégicas para la economía como son las energías renovables ya se acumulan demasiados años de parálisis.
Para el Cercle d’Economia, la negociación de los presupuestos es también una “oportunidad para salir de la dinámica de bloques en la que la política catalana lleva años instalada”.
En cuanto al bloqueo de la renovación del CGPJ, afirma que “la ruptura de las negociaciones por parte del principal partido de la oposición cuando el acuerdo estaba a punto de suscribirse es lamentable desde cualquier ángulo. Un partido que apela continuamente a los valores constitucionales no puede incumplir, con este bloqueo sistemático, los deberes que le impone la Constitución”.
“Ahora el pretexto ha sido la reforma del Código Penal en materia de sedición. El Cercle d’Economia, que apoyó la concesión de los indultos, entiende que puede ser una medida que ayude a encauzar el conflicto territorial y a devolverlo al ámbito de la negociación política”, destaca la nota.
Pese a ello, reconoce que la decisión sobre el término “sedición”
“El precio de la prórroga presupuestaria tiene una cifra: 3.098 millones de euros”
Poder Judicial: “Un partido que apela a la Constitución no puede mantener un bloqueo sistemático”
es polémica. “Consideramos que debería abordarse en un proceso legislativo más reflexivo, en el marco del cual se tipifiquen adecuadamente los delitos y se ponderen las penas que aplicar. En cualquier caso, entendiendo que genere controversia política y sea difícil de comprender para una parte de la sociedad española, la modificación de las normas penales no debe mezclarse con el mandato constitucional de renovación del CGPJ”.
Al tiempo que reclama “acabar con la polarización como estrategia política”, el documento advierte que “la democracia se deteriora si los líderes políticos no velan por el respeto a las instituciones sobre las que se asienta”. Por todo ello, la nota hace un llamamiento a la responsabilidad política. “Es urgente que los partidos con vocación de gobierno, tanto en Catalunya como en España, tengan una mirada amplia y de largo alcance”, insiste.c