La mesa del juez Marchena
La Sala Segunda del Supremo vuelve a convertirse en epicentro de la política española
El juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se está convirtiendo en el punto de fuga de la política española. Punto de fuga: punto imaginario en el que dos o más líneas se encuentran, logrando un efecto tridimensional.
Si lo miramos con perspectiva, la mesa del juez Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) es en estos momentos el punto, nada imaginario, en el que se cruzan algunas de las líneas más inquietantes para el Gobierno de España: el problemático despliegue de la ley de Garantías Integrales para la Libertad Sexual, la discutida anulación del delito de sedición en el Código Penal y la posible, aunque no segura, reformulación del delito de malversación.
Dicho de una manera más llana, tres de los más incómodos asuntos que debe resolver Pedro Sánchez antes de encarar las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo del 2023 pasan por el despacho del magistrado de referencia del mundo conservador español, un hombre con gran autoridad en la carrera judicial.
La Sala de lo Penal (Sala Segunda) del Tribunal Supremo fijará jurisprudencia sobre la ley sobre la libertad sexual a medida que vaya recibiendo recursos. Tres son las vías a través de las cuales el Supremo puede fijar doctrina sobre la aplicación de esta ley. Recursos de casación de sentencias dictadas por tribunales inferiores (recursos que empiezan a incorporar escritos de los abogados defensores invocando la aplicación retroactiva de los artículos del Código Penal modificados). Peticiones de revisión de sentencias dictadas por el Supremo (por ejemplo, en el caso de la agresión sexual múltiple a una joven en los Sanfermines de Pamplona). Recursos de casación sobre revisiones de sentencia acordadas por tribunales inferiores. La Sala Segunda podría reunirse en sesión plenaria para unificar el punto de vista de sus magistrados. El proceso lo presidirá y dirigirá el juez Marchena.
Antes de Navidad pueden conocerse las primeras resoluciones al respecto. La decisión que adopte el Alto Tribunal ante la petición de revisión de condena de uno de los miembros de la manada de Pamplona se convertirá en punto de referencia para la opinión pública. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fijó ayer un criterio para todas las fiscalías: las penas mínimas establecidas en sentencias anteriores no deben revisarse.
En el punto de fuga de la Sala Segunda del Supremo también se cruzan las líneas calientes de la sedición y la malversación, puesto que el juez Marchena presidió el juicio por los hechos de octubre del 2017 en Catalunya.
El Tribunal Supremo, como se recordará, emitió un informe desfavorable a la concesión del indulto a los políticos catalanes presos. Tal y como informaba Lola García en La Vanguardia el pasado 12 de noviembre, la opinión en el Supremo todavía es más desfavorable a la desaparición del delito de sedición en los términos que plantean PSOE y Unidas Podemos en la proposición no de ley que se votará pasado mañana en Congreso. Si el delito de sedición desaparece –argumentan– aumentan las posibilidades de que la sentencia sobre el procés sea cuestionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.
El Gobierno se juega el final tridimensional de la legislatura en la mesa del juez Marchena. Punto de fuga. Nunca mejor dicho.c