El Gobierno presiona para llevar a la clase media la ayuda a los hipotecados
La negociación con la banca sigue y se centra en el número de beneficiarios
El Gobierno y los bancos están apurando al máximo las negociaciones para establecer un mecanismo que alivie las subidas del Euribor tanto para los consumidores vulnerables como para segmentos más amplios de la sociedad. Las diferencias se encuentran precisamente en este último aspecto, ya que el Ministerio de Asuntos Económicos quiere ampliar lo máximo posible el universo de beneficiarios y los bancos muestran
El objetivo de Calviño es aprobar un segundo código de buenas prácticas para perfiles más amplios
Los bancos quieren que la solución sea temporal y no tenga efectos sobre sus cuentas
reticencias. La ministra Nadia Calviño dijo la semana pasada que el objetivo es llegar a la clase media.
El acuerdo sobre las hipotecas entre el Gobierno y los bancos, representados por la AEB y las antiguas cajas de la CECA, sería el tercero de esta legislatura, pero el de mayor importancia. Los otros dos se refieren a la inclusión de mayores y zonas rurales. Ahora lo que está en juego es una solución preventiva a un problema que sobrevuela las economías domésticas, el del encarecimiento de las hipotecas. Como obstáculo de fondo se encuentra el nuevo impuesto a la banca, que a diferencia del de las energéticas no ha quedado suavizado en el trámite parlamentario y que será aprobado previsiblemente este jueves en el Congreso.
Las fuentes indican que las negociaciones se han mantenido tanto a nivel técnico como al más alto y que continuaban ayer, a pesar de que la banca ya ha puesto sobre la mesa su última propuesta y de que Calviño adelantó la semana pasada, en una rueda de prensa junto a la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que el acuerdo sería analizado por el Consejo de Ministros de hoy para su entrada en vigor el 1 de enero. El pacto llegaría en “horas”, dijo, pero ayer seguía sin materializarse.
Frente al objetivo del Gobierno de acceder a capas lo más amplias posibles de la población, las líneas rojas de los bancos están en no dañar sus balances y en que las nuevas medidas tengan carácter temporal y se dirijan específicamente a resolver los problemas puntuales de liquidez por la nueva subida de tipos. Desde los bancos se compara la solución con la de la bonificación de los carburantes, en el sentido de que se trata de una iniciativa del Gobierno que no daña a las empresas energéticas.
Por el momento, lo que hay son dos catálogos de medidas bien diferenciadas: las que amplían el código de buenas prácticas del 2012 y las incluidas en una especie de código dos de nueva creación. El primero está destinado a los consumidores vulnerables, con ingresos inferiores a tres veces el Iprem, esto
es, 24.318 euros en 14 pagas. El segundo es el gran caballo de batalla. Pese a quedar vinculado también al Iprem, la intención del Gobierno es que la referencia sea más laxa.
La cuestión es dilucidar qué es la clase media en España. Las estadísticas del INE la sitúan, en términos de renta familiar, algo por encima de los 30.000 euros. Sus últimos datos disponibles,
Habrá periodos de carencia, ampliaciones de plazos y facilidades para pasar de tipo variable a fijo
del 2019, establecen en 21.682 el sueldo medio y en 17.961 euros el mediano, que es el que se encuentra en el centro de la muestra, con el mismo número de personas por arriba que por abajo. Los resultados varían mucho por regiones.
Las medidas añadidas al código de buenas prácticas están encaminadas a incorporar un periodo de carencia en el que los consumidores queden exentos de pagar una parte del préstamo. Este código ya recoge diversas opciones de reestructuración de deuda y la fórmula de la dación en pago. Según datos ofrecidos ayer por la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el tipo medio de las hipotecas se situó en octubre en el 2,66%, la referencia más alta desde el 2014, aunque los niveles son relativamente bajos y todavía no se aprecia una subida significativa de la morosidad.
En cuanto a las medidas del código dos, la vista está puesta en las familias de clase media que puedan entrar en riesgo de vulnerabilidad. La idea es congelar la cuota bancaria durante un año a cambio de ampliar los plazos sin superar los 40 años. También se trabaja en facilidades para cambiar los préstamos de variables a fijos. La ayuda se activaría en cuanto la cuota subiese más del 30% y alcanzase un peso sobre los ingresos familiares superior al 40%. En todos los casos, las medidas se dirigen a la primera vivienda.
Los dos códigos son de libre adhesión y de obligado cumplimiento. La fórmula que el Gobierno utilizará será la del real decreto ley, lo que le obliga a aprobarlo hoy en el Consejo de Ministros o, como tarde, el próximo martes. La convalidación en el Congreso, la adhesión de los bancos y la adaptación informática debe hacerse en diciembre.c