El PSC evita pedir la suspensión de Jové y Salvadó, pendientes de juicio
El Parlament rechaza aplicar el reglamento para sancionar a los diputados de ERC
“No se da el supuesto de hecho habilitante para aplicar el reglamento”. Con este formalismo, el Parlament rechazó ayer sancionar a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó tras la apertura de juicio oral por su participación en los preparativos del 1-O.
La mayoría independentista de la Mesa votó en contra de la medida, solicitada por la ultraderecha, mientras que el PSC se abstuvo después de un receso de cinco minutos aprovechado, según fuentes parlamentarias, para elevar consultas y acabar de definir su posición.
“Trabajamos para superar las disputas entre ERC y Junts, que
contribuyen al desprestigio de la institución”, fue el argumento de los socialistas. Una postura que no es ajena al contexto de negociación con los republicanos, tanto en el Parlament, con los presupuestos en juego, como en el Congreso, donde además de las cuentas del Estado se trabaja en la derogación del delito de sedición, que rebajaría las penas de los encausados por su implicación en el procés.
Jové y Salvadó están acusados de malversación, desobediencia, prevaricación y falsedad documental, pero, a diferencia de lo que sucedió en julio con Laura Borràs, no serán suspendidos como diputados antes de la celebración del juicio.
Esta circunstancia, a juicio de Junts, prueba la “persecución política” que sufre su presidenta, pendiente de juicio por delitos asociados a la corrupción cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Prevaricación y falsedad documental, dos de los tipos penales por los que se juzgará a Jové y Salvadó.
“El artículo 25.4 es el mismo y nosotros no hemos variado de posición”, señalaron en Junts. “En julio, dijeron que había que ejecutar el reglamento y que se podía incurrir en prevaricación de no hacerlo”, recordaron, y pidieron explicaciones a ERC y la CUP de “por qué entonces se acogieron a la forma y hoy al fondo”. ¿Cambio de criterio?
Nada tiene que ver, afirman en ERC, la organización del referéndum del 2017, por cuya financiación están acusados Jové y Salvadó, con el presunto fraccionamiento de contratos por el que Borràs irá a juicio. Relacionar el 1-O con la corrupción es propio de alguien que ha “perdido la cabeza”, avisó la portavoz de ERC, Marta Vilalta, el lunes. Un planteamiento que, después de los intentos del entorno de la presidenta de Junts de equiparar ambas situaciones, también se impuso en la dirección posconvergente, que enmendó a Borràs.
Con todo, el expediente Jové y Salvadó no se ha cerrado por completo. Aunque Vox no puede pedir una reconsideración a la Mesa, sí puede invocar otro artículo del reglamento, el 25.1, para que el pleno del Parlament someta a votación la suspensión de los diputados de ERC. Ello requeriría el dictamen previo de la comisión del Estatuto de los Diputados, que preside Jaume Alonso-Cuevillas, de Junts. Por otra parte, una nueva petición, presentada ayer por Ciudadanos, volverá a llevar hoy el caso a la Mesa. Suma y sigue.c
En Junts se equipara el caso con el de Borràs para criticar el distinto criterio de ERC y la CUP