La Fiscalía ante el Gobierno
Álvaro García ortiz, fiscal general del estado, fijó el lunes el criterio que obligatoriamente deben seguir todos los fiscales a la hora de revisar los cambios de penas aplicadas a agresores sexuales, a resultas de la aprobación de la ley del solo sí es sí impulsada por el ministerio de igualdad que encabeza irene montero.
con esta decisión, la Fiscalía General del estado pretende unificar criterios, puesto que desde que dicha ley entró en vigor algunos condenados por delitos sexuales vieron reducidas las penas a las que habían sido castigados. lo cual generó una comprensible alarma social. Y, también, preocupación en ámbitos judiciales, al constatar que tales penas, dictadas por la comisión de determinados delitos poco tiempo atrás podían verse ahora muy aliviadas, si atendemos al menguante alcance de la sanción que comportaron. ciertamente, este efecto indeseado de la ley del solo sí es sí podría ser calificado de lesivo para todos. carece de lógica que una norma concebida para perseguir y castigar los delitos sexuales terminara propiciando una reducción de las condenas de quienes incurrieron en dichos delitos. era, pues, un efecto indeseado a la par que inaceptable.
más aún si tenemos en cuenta que, al decir de fuentes judiciales, tales efectos indeseados eran atribuibles a una redacción apresurada y muy mejorable del texto legal, que dejó demasiados flancos desprotegidos, propiciando por tanto revisiones de sentencias que beneficiaron a los delincuentes. Y que, al decir de fuentes próximas a los impulsores de la ley, eran en parte atribuibles al machismo que supuestamente impregna el estamento judicial.
sea cual sea el origen de estos desacuerdos, es obvio que han abierto una nueva grieta en la coalición que integra el Gobierno central, toda vez que el Psoe y Unidas Podemos (UP) chocaron ya antes por cuestiones relativas a esta ley o a la llamada ley trans, que ha enfrentado al feminismo integrado en el Psoe con el que alimenta o secunda los postulados de UP.
estamos, por tanto, ante unos redactados legales que han ahondado la brecha entre los socios de la coalición de gobierno. Y que han ahondado, también, la brecha entre dos poderes del estado, el ejecutivo y el Judicial, ya muy enconados debido al injustificable aplazamiento de la reforma del consejo General del Poder Judicial. Dos poderes que, obviamente, deben conservar su independencia, a la vez que servir solidariamente a los intereses de la nación.
Ninguno de estos problemas irresueltos favorece al país. Por el contrario, magnifica la erosión de las instituciones y mina su credibilidad. También la del Gobierno, que debe contribuir a resolver problemas, no a crearlos.c
La orden relativa a la ley del ‘solo sí es sí’ ahonda la brecha entre poderes estatales