Calviño pide a los bancos que se sumen a las ayudas a los hipotecados
CaixaBank las apoya mientras Santander, BBVA y Sabadell se muestran receptivos
Las prisas del Gobierno por cerrar antes de fin de mes un acuerdo con los bancos para ayudar a los hipotecados afectados por las subidas del Euribor han tenido un resultado exitoso, aunque no totalmente. Ya hay un acuerdo sobre las medidas, pero persisten algunas reticencias técnicas entre algunos bancos que impidieron ayer al Gobierno presentar el pacto como una victoria completa.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto-ley con las nuevas ayudas. Hay dos bloques, uno para incorporar 300.000 hipotecados al mecanismo ya existente dirigido a consumidores vulnerables y otro para lo que el Gobierno considera clases medias. Este segundo capítulo, dirigido a rentas inferiores a 29.400 euros al año, llegará a otros 700.000 hipotecados. En suma, se da cobertura a un millón de hipotecados con tipo variable, frente a los 3,7 millones existentes en España.
La norma es definitiva y se publica hoy en el BOE, pese a los rescoldos por resolver. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quiere que entre en vigor el 1 de enero y, para convalidarla en el Congreso este mes, ha impuesto plazos exigentes. Ha llegado a tiempo y cumplido en parte el objetivo de beneficiar a la clase media, pero se ha quedado por el momento sin un respaldo explícito de los bancos.
Ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, Calviño explicó que las negociaciones se prolongaron hasta la noche del lunes. Pese al clima “muy intenso y constructivo”, solo al borde de la medianoche “se terminaron de limar los detalles”. No se pudo “concretar el acuerdo formal”, pero fue, según dijo, porque las patronales no tuvieron tiempo de “contactar con todos los miembros de todas las asociaciones”.
El Gobierno, dijo, ya ha recibido “declaraciones de intención” de CaixaBank. El banco está dispuesto a adherirse después de leer con atención el BOE de hoy. “Es el momento de arrimar el hombro”, dijo en alusión a las demás.
Los nuevos códigos son de adhesión voluntaria, pero de obligado cumplimiento. Es fácil calibrar su acogida, ya que en España quedan cinco grandes bancos, que son Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter. “Espero que todas las entidades los suscriban”, afirmó Calviño.
La reticencia de los bancos es de carácter técnico después de que en la negociación también hayan logrado imponer una sus grandes reivindicaciones, la de que las ayudas a las clases medias sean temporales. Tendrán una vigencia de 24 meses, a diferencia de las de los vulnerables, que son permanentes.
El Sabadell también prevé adherirse al acuerdo, según dijo ayer su consejero delegado, César González-Bueno, en unas jornadas organizadas por Deloitte y ABC en Madrid. Lo hará en cuanto se resuelvan algunas cuestiones técnicas.
El Santander fue el banco que habló ayer con más claridad acerca de las diferencias. Su consejero delegado, José Antonio Álvarez, dijo que su entidad solo firmará el código “si garantiza un
mercado hipotecario en el futuro sano y sólido”. Al banco le preocupan “aspectos muy técnicos” sobre “provisiones o no, sobre cómo clasificar las hipotecas”.
El problema, dijo Álvarez, es que a los beneficiarios se les podría calificar como clientes dudosos, lo que les generaría un problema en el futuro, ya que podrían tener dificultad para acceder a más crédito. “Es un problema que tenemos que cuidar”. Fuentes del Gobierno aseguran que no se dará esta circunstancia.
El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, fue más escueto: “Seguiremos contribuyendo para ayudar a nuestros clientes y a la sociedad en general”.
“Ayudaremos a las personas más vulnerables”, afirmó Gonzalo Gortázar, el consejero delegado de CaixaBank. “Naturalmente
Los bancos han logrado que las medidas para las clases medias sean temporales
El Santander avisa de que los beneficiarios podrían tener problemas al firmar créditos futuros
que podríamos gestionar las ayudas”, añadió.
Los socios de Gobierno pidieron ayer más compromiso a los bancos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, coincidieron en este aspecto. Los consumidores de Facua calificaron de “raquítico” el acuerdo, mientras que las asociaciones bancarias Adicae y Asufin lo vieron positivo.
El Gobierno también ha creado la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que aglutina las labores de autoridades como el Banco de España y la CNMV en esta materia. Sus resoluciones serán vinculantes para importes inferiores a 20.000 euros y podrá imponer multas.c